María González
XALAPA, Ver. — El alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, entregó el martes ante la Comisión Instructora del Congreso de Veracruz su defensa contra el procedimiento de desafuero que la Fiscalía General del Estado (FGE) promovió en su contra, ligado a la investigación por el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán Ramírez. El dictamen que definirá si pierde el fuero constitucional se espera este viernes. Esto es lo que se sabe del caso que lo llevó hasta ahí.
González Martínez acudió dentro del plazo de siete días que le fue concedido para conocer la carpeta de investigación y presentar su respuesta. “Nos estamos presentando en tiempo y forma para entregar la documentación y las pruebas que nos acreditan como inocentes”, declaró antes de ingresar al Congreso.
El alcalde evitó revelar el contenido de la carpeta, el delito que se le atribuye y los señalamientos formulados por la Fiscalía, con el argumento de que divulgar esa información antes de presentar su contestación podría afectar el procedimiento. Pidió que se respete la presunción de inocencia y calificó la exposición pública que ha enfrentado como un “linchamiento mediático”.
“Me han llamado asesino y autor intelectual sin tener todavía un proceso. Quiero guardar el debido proceso y demostrar con hechos fehacientes que no tuvimos ninguna participación en lo que se nos acusa”, expresó.
González Martínez rechazó haber sostenido una relación personal o laboral con la comunicadora. “Sabíamos a qué se dedicaba, pero nunca crucé palabras ni tuve una relación con ella”, afirmó, y dijo ser el primer interesado en que el caso se resuelva.
Sobre la fotografía en la que, según señalamientos previos, aparecería portando un arma larga, el alcalde sostuvo que ese elemento no está incorporado en la carpeta que revisó su defensa. Dijo que su equipo recurrirá a peritos para acreditar que imágenes similares, difundidas por perfiles anónimos al inicio de su administración, fueron alteradas mediante inteligencia artificial.
De acuerdo con la investigación que sustenta el procedimiento de desafuero, un testigo declaró ante la Fiscalía haber escuchado al alcalde comunicarse con un presunto líder criminal de la región para pedir la privación de la libertad de la periodista, bajo el argumento de que ella poseía esa fotografía.
Cómo llegó el caso hasta el Congreso
La Fiscalía relaciona a González Martínez con el secuestro y homicidio de Roxana Guzmán Ramírez, periodista y directora del medio digital Impulso Informativo, quien fue privada de la libertad el 2 de junio en su domicilio de Nanchital por un grupo de hombres armados.
Durante junio, la Fiscalía General del Estado desplegó operativos en Nanchital, Moloacán e Ixhuatlán del Sureste y llegó a identificar un vehículo relacionado con los hechos mediante el análisis de videograbaciones. El 12 de junio, la investigación fue atraída por la Fiscalía General de la República.
El 3 de julio, la Fiscalía de Veracruz confirmó que restos localizados en un rancho de Moloacán correspondían a la periodista, y reportó la detención de ocho personas por su presunta participación en el homicidio. Cuatro de ellas fueron señaladas como presuntos autores materiales, identificados como integrantes del grupo delictivo Grupo Sombra, una presunta escisión del Cártel del Golfo. Las otras cuatro personas detenidas se desempeñaban, según la Fiscalía, como policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, y presuntamente brindaron apoyo logístico, recursos y alimentos al grupo.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó los ocho arrestos el 7 de julio y adelantó que la investigación continuaba, con más personas aún por detener.
Con base en esa investigación, la Fiscalía solicitó al Congreso de Veracruz retirar el fuero constitucional a González Martínez mediante un procedimiento de declaración de procedencia. El Congreso confirmó la existencia del expediente el 22 de julio, aunque la identidad del alcalde fue revelada primero por el periódico Notiver.
Un procedimiento similar avanza de forma paralela contra el alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, también de Movimiento Ciudadano, por un caso distinto no relacionado con el de la periodista.
Qué sigue
Con las defensas ya presentadas, la Comisión Instructora —integrada por los diputados Facundo Fernández de la Cruz, Ramón Díaz Ávila y Felipe Pineda Barradas— revisará entre miércoles y viernes los señalamientos de la Fiscalía frente a los elementos aportados por la defensa del alcalde.
El viernes 31 de julio, la comisión deberá definir el dictamen. De proceder, este pasará al Pleno del Congreso, constituido como Jurado de Procedencia, donde se requiere el respaldo de dos terceras partes de la Legislatura para retirar el fuero.
La declaración de procedencia no determina responsabilidad penal: solo habilita a la Fiscalía para continuar, en su caso, con el proceso judicial correspondiente.
