Las nuevas disposiciones serían aplicables al proceso de designación de la persona que relevará a la actual auditora general, Delia González Cobos, previsto en aproximadamente dos meses.
El precedente deja sin efectos las cláusulas predispuestas que obligaban a litigar en lugares distintos al domicilio del demandado cuando ello vulnera su derecho de acceso a la justicia.
Ambas organizaciones pidieron que el caso sea investigado bajo el protocolo de delitos contra la libertad de expresión y que se determine si el homicidio estuvo relacionado con el trabajo periodístico de la comunicadora.
