La clase trabajadora del Seguro Social ha lanzado acusaciones de corrupción y venta de plazas en el sindicato; los inconformes señalan a su dirigencia de actuar de espaldas a la base, llamándolos “vendidos” ante el gobierno y la dirección del IMSS.
En este momento, forzada por el Poder Judicial Federal (PJF), la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz debió disponer que el 28 de octubre próximo el INVIVIENDA reinstale a ocho trabajadores despedidos y les pague lo que les adeuda, o tendrá que arrestar al Gerente General de dicho organismo José Manuel Pozos del Ángel.
La alcaldesa de Veracruz Rosa María Hernández presentó una denuncia en contra del Grupo MAS ante la Fiscalía General del Estado.
Pero ante estos evidentes actos anticipados de campaña, las autoridades electorales no ven ni escuchan nada y mucho menos sancionan a los que se están adelantando en la realización de actos de proselitismo.
La Comisión Permanente de Administración y Presupuestos se encuentra afinando el proyecto de presupuesto para el Poder Legislativo 2027, debido a que el próximo año concluye la actual Legislatura y se deberán cubrir los finiquitos correspondientes del personal de confianza. Actúan como si se lo merecieran.
Pregonan en el desierto: las autoridades no los ven, y mucho menos los escuchan. La gobernadora Rocío Nahle sigue rechazando que exista un colapso generalizado y atribuye las deficiencias al aumento en la demanda de atención médica, provocado por la universalización de los servicios de salud.
