Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver. — Lo que comenzó como denuncias de particulares por presuntos despojos de propiedades en Xalapa se ha convertido en una investigación que involucra a abogados, notarios, jueces y servidores públicos.
El llamado “Cártel Inmobiliario” ha cobrado fuerza durante los últimos meses luego de que distintas familias denunciaran procedimientos que, según sus testimonios, habrían permitido quitarles viviendas y terrenos mediante presuntos documentos falsos, juicios irregulares, suplantación de identidad y otras maniobras legales.
El caso llegó a un nuevo punto esta semana, con detenciones de abogados, cateos y aseguramientos de inmuebles, mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abiertas las investigaciones.
El caso de las 12 hectáreas que terminó destapando la polémica
Uno de los expedientes que posteriormente sería relacionado con el llamado Cártel Inmobiliario es el de Fincar Maz S.A. de C.V., empresa propietaria de un terreno de aproximadamente 12 hectáreas en la zona de Arco Sur, en Xalapa.
De acuerdo con la denuncia presentada posteriormente por el abogado Jorge Reyes Peralta, en 2022 la empresa tuvo conocimiento de un juicio civil promovido por Martha Leticia Toral Zayas para reclamar la propiedad del terreno.
El 7 de julio de 2023, un juez civil resolvió a favor de Toral Zayas y determinó que se había convertido en propietaria del inmueble. La defensa de Fincar Maz argumentó que esa sentencia había sido impugnada y no había causado ejecutoria.
Este expediente se convertiría después en una de las principales denuncias públicas contra la presunta red.
Aparece públicamente el “Cártel Inmobiliario”
El 28 de noviembre de 2024, el abogado Jorge Reyes Peralta hizo pública una denuncia penal contra lo que identificó como un “Cártel Inmobiliario” que operaría en Xalapa.
El litigante, representante legal de Fincar Maz, señaló a abogados, prestanombres, integrantes del Registro Público de la Propiedad, personal del Poder Judicial, peritos y notarios.
Entre los nombres mencionados entonces estuvieron los notarios Miguel Ángel Díaz Pedroza y Miguel Ángel Rodríguez Domínguez, además de Martha Leticia Toral Zayas y otras personas.
La denuncia señalaba posibles delitos de falsedad ante la autoridad y fraude procesal, relacionados con el terreno de 12 hectáreas ubicado en Arco Sur.
Un desalojo en Las Ánimas aumenta la presión
La polémica volvió a crecer en noviembre de 2025, cuando una familia fue desalojada de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Las Ánimas.
El inmueble fue valuado por los afectados en alrededor de 8 millones de pesos, mientras que la operación mediante la cual habría cambiado de manos fue señalada por los denunciantes como una compraventa por aproximadamente 300 mil pesos.
El desalojo ocurrió durante la madrugada del 21 de noviembre de 2025, con la participación de abogados, actuarios, policías, un cerrajero y un vehículo utilizado para retirar las pertenencias de la familia.
El caso generó cuestionamientos sobre la actuación de autoridades y particulares y se convirtió en uno de los expedientes que impulsaron la discusión pública sobre una posible red de despojos inmobiliarios en la región.
El Gobierno de Veracruz reconoce las denuncias
El tema llegó entonces al Gobierno de Veracruz. El 9 de diciembre de 2025, la gobernadora Rocío Nahle García informó que el asunto había sido abordado en la Mesa de Seguridad y reconoció la existencia de denuncias de familias que aseguraban haber sido despojadas de propiedades pese a contar con documentación.
Nahle pidió revisar los casos y solicitó una lista de notarios y jueces que pudieran haber incurrido en irregularidades.
Entonces, el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, también se pronunció sobre el tema y anunció acciones para revisar posibles irregularidades relacionadas con notarías y el Registro Público de la Propiedad.
Las denuncias llegan a las carpetas de investigación
Durante los primeros meses de 2026, el caso comenzó a pasar de los señalamientos públicos a los expedientes judiciales.
Una de las investigaciones que avanzó fue la relacionada con Miguel Isaac Contreras Gómez Gil y Rafael Herrera Martínez.
En febrero, la carpeta XAL/DXI/F7/1481/2025 llegó al Poder Judicial, relacionada con una investigación por presuntos delitos como fraude procesal.
En paralelo, el Gobierno estatal anunció revisiones al funcionamiento del Registro Público de la Propiedad y supervisiones a notarías para detectar posibles irregularidades.
Ahued reconoció entonces la existencia de redes de defraudación, aunque pidió no generalizar contra todos los notarios o integrantes del Poder Judicial.
Detienen y procesan a un abogado
El caso dio otro paso en julio. La Fiscalía imputó a Salvador Matías “N” por el presunto delito de fraude procesal, relacionado con el caso de un inmueble ubicado en la colonia Isleta, en Xalapa.
La acusación señalaba que habría utilizado documentación presuntamente apócrifa durante un procedimiento judicial.
Posteriormente, un juez determinó su vinculación a proceso y prisión preventiva justificada, por lo que fue enviado al penal de Pacho Viejo.
Una víctima recupera su inmueble
El 7 de agosto, la Fiscalía General del Estado realizó una diligencia de restitución de un inmueble ubicado en la colonia Isleta.
La propiedad fue entregada nuevamente a dos víctimas en cumplimiento de una resolución judicial dentro del proceso penal 26/2026, relacionado con el caso por el que fue procesado Salvador Matías “N”.
La restitución representó uno de los primeros resultados visibles para personas que se identifican como víctimas de los presuntos despojos.
Septiembre de 2026, las investigaciones se aceleran
A principios de septiembre, el caso volvió a ocupar los reflectores. Apenas el lunes 4 de septiembre, integrantes del Frente de Defensa Popular (Fredepo) protestaron frente a la Fiscalía General del Estado para exigir avances en las investigaciones.
Los manifestantes afirmaron que una presunta red de despojo llevaría al menos cinco años operando en Xalapa y señalaron que habría afectado a propietarios de distintos niveles económicos.
Días después, las acciones de la Fiscalía se intensificaron.
8 de septiembre, detienen a dos abogados y realizan cateos
El 8 de septiembre de 2026, la Fiscalía General del Estado confirmó la detención de Miguel Isaac “N” y Pedro Damián “N”, señalados como presuntos responsables de los delitos de fraude y fraude procesal.
Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas por la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales. Ambos fueron puestos a disposición de un juez en Pacho Viejo.
Ese mismo día, la FGE realizó tres cateos y aseguramientos de inmuebles en Xalapa relacionados con las investigaciones.
Entre los lugares revisados se encuentra un inmueble vinculado presuntamente con el abogado Roly Domínguez Romero, señalado públicamente por denunciantes como uno de los principales operadores de la estructura.
9 de septiembre: cae un tercer abogado
La investigación avanzó nuevamente el 9 de septiembre, con la detención de Jesé Miguel “N”, acusado por su probable participación en los delitos de fraude y fraude procesal.
De acuerdo con información de la investigación citada por medios locales, Jesé Miguel habría tenido un papel dentro del despacho relacionado con Roly Domínguez.
Un juez le impuso prisión preventiva justificada por un año y la continuación de su audiencia fue programada para el 14 de septiembre.
También detienen a David “N” en Tlaxcala
Ese mismo 9 de septiembre se informó de la detención de David “N”, identificado como hermano de Roly Domínguez.
Fue capturado en Calpulalpan, Tlaxcala, en el marco de las investigaciones por presuntos fraudes y despojos de inmuebles en Xalapa. Con esta captura, el número de detenidos en esos dos días llegó a cuatro personas.
Fiscalía ofrece recompensa por Roly Domínguez
Mientras las detenciones avanzaban, la Fiscalía anunció una recompensa de 350 mil pesos para quien proporcione información que permita localizar a Roly Domínguez Romero.
La dependencia lo identifica como una de las personas buscadas dentro de las investigaciones relacionadas con el llamado “Cártel Inmobiliario en Xalapa”.
Además, se informó que la Fiscalía solicitó a Interpol una ficha roja para ampliar la búsqueda del abogado.
¿Qué pasa con los notarios señalados?
Aunque en las denuncias y expedientes públicos aparecen notarios mencionados, es importante hacer una distinción.
Hasta ahora, las detenciones anunciadas públicamente por la Fiscalía corresponden a abogados y otras personas investigadas, no a notarios.
Entre los fedatarios que han sido señalados públicamente en distintos expedientes aparecen Miguel Ángel Díaz Pedroza, Miguel Ángel Rodríguez Domínguez, Eugenio Vásquez Muñoz y Tomás Trujillo, pero estar mencionado en una denuncia o investigación no significa que exista una sentencia que determine responsabilidad penal.
En el caso de Díaz Pedroza, por ejemplo, fue reportada su comparecencia en el expediente relacionado con Fincar Maz, mientras que el Gobierno estatal también ha informado de revisiones y medidas administrativas relacionadas con notarías.
El caso sigue abierto
A septiembre de 2026, el llamado Cártel Inmobiliario de Xalapa se encuentra en una etapa muy distinta a la de sus primeras denuncias.
En casi dos años, el caso pasó de un litigio por un terreno de 12 hectáreas en Arco Sur y denuncias particulares a investigaciones de la Fiscalía, procesos judiciales, restitución de inmuebles, cateos y detenciones de personas señaladas por presuntos fraudes y despojos.
La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para determinar quiénes participaron y cuál habría sido el alcance de las operaciones denunciadas.
Por ahora, cuatro personas han sido detenidas en los operativos más recientes, mientras continúa la búsqueda de Roly Domínguez y permanecen bajo investigación otros nombres que aparecen en las denuncias.
El caso, además, todavía tiene varios frentes abiertos: las propiedades presuntamente despojadas, la actuación de abogados, posibles irregularidades notariales y registrales y la eventual responsabilidad de funcionarios o particulares.
La diferencia frente a 2024 es que ahora algunas de esas acusaciones ya llegaron ante jueces.
