María González
XALAPA, Ver. — Los representantes legales de los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos de Movimiento Ciudadano, entregaron este martes ante la Comisión Instructora del Congreso de Veracruz los documentos y argumentos con los que buscan responder a las solicitudes de desafuero promovidas por la Fiscalía General del Estado (FGE).
La entrega se dio al vencer el plazo de siete días hábiles que el Congreso había fijado a ambos ediles.
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Qué sigue en el proceso
Con la documentación ya en poder de la Comisión Instructora, el procedimiento entra en su etapa decisiva. Entre miércoles y viernes, los integrantes de la comisión revisarán los señalamientos formulados por la Fiscalía y contrastarán los elementos aportados por las defensas de ambos alcaldes.
Este viernes, la comisión deberá definir los dictámenes que establecerán si procede o no retirar la inmunidad procesal a los ediles. El procedimiento contempla, además del análisis documental, la posibilidad de que los alcaldes o sus abogados comparezcan ante los diputados antes de que se elaboren esos dictámenes.
La emisión del dictamen no implica que los alcaldes pierdan el fuero de manera automática. Las resoluciones deberán turnarse al Pleno del Congreso, que se constituirá en Jurado de Procedencia para discutir y votar cada expediente por separado.
Para que se retire el fuero a cualquiera de los dos ediles, se requiere el respaldo de las dos terceras partes de la totalidad de los integrantes de la Legislatura. Si esa mayoría calificada no se reúne, los alcaldes conservarán la inmunidad constitucional mientras permanezcan en sus cargos.
La Comisión Instructora está integrada por Facundo Fernández de la Cruz (Morena), como presidente; Ramón Díaz Ávila (Partido del Trabajo), como secretario, y Felipe Pineda Barradas (Morena), como vocal.
Los casos que sustentan el procedimiento
La solicitud contra González Martínez deriva de la investigación por el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, privada de la libertad el 2 de junio en Nanchital y localizada sin vida semanas después.
De acuerdo con informes, un testigo declaró haber escuchado al alcalde comunicarse con un presunto líder criminal para pedir la privación de la libertad de la comunicadora.
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La solicitud contra Bravo Montero está vinculada con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su escolta, Ignacio López, vistos por última vez el 14 de mayo, luego de acudir al domicilio del alcalde en Barra de Chachalacas.
El trasfondo político
El procedimiento avanza en medio de la tensión entre Morena y Movimiento Ciudadano en Veracruz. MC ha denunciado una presunta persecución política contra sus alcaldes, síndicos y regidores. La gobernadora Rocío Nahle García rechazó esa versión y afirmó que el proceso corresponde exclusivamente a la Fiscalía y, en su momento, al Poder Judicial.
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La resolución del Congreso no determinará la responsabilidad penal de los alcaldes ni sustituirá las investigaciones de la Fiscalía; su alcance se limita a establecer si la autoridad ministerial puede proceder judicialmente en su contra.
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