Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver. — Los alcaldes de Movimiento Ciudadano de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, son los funcionarios contra quienes la Fiscalía General del Estado (FGE) promovió ante el Congreso de Veracruz un procedimiento de declaración de procedencia para retirarles el fuero.
La identidad de ambos permanecía bajo reserva oficial, aunque fue revelada por el periódico NOTIVER, luego de que el Poder Legislativo confirmara la existencia de dos expedientes en curso sin hacer públicos los nombres de los servidores públicos involucrados.
De acuerdo con la información publicada por ese medio, la FGE busca vincular al alcalde de Ixhuatlán del Sureste con la investigación por el homicidio de la periodista Roxana Guzmán, quien fue privada de la libertad el 2 de junio en su domicilio de Nanchital y posteriormente localizada sin vida.
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Según esa publicación, la Fiscalía informó a la Comisión Instructora que un testigo declaró haber escuchado al edil comunicarse con un presunto líder criminal para pedir la privación de la libertad de la comunicadora, bajo el argumento de que ella poseía una fotografía en la que el funcionario aparecía portando un arma larga.
Esos señalamientos forman parte del procedimiento en curso y no constituyen, por sí mismos, una resolución sobre su responsabilidad penal.
Respecto del alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, hasta el momento no se han hecho públicos los hechos que motivan la solicitud de declaración de procedencia presentada por la Fiscalía.
Así continúa el procedimiento de desafuero
Ambos alcaldes ya fueron notificados formalmente por el Congreso del Estado y disponen de un plazo de siete días hábiles para presentar por escrito su defensa o comparecer ante la Comisión Instructora.
Concluido ese periodo, la comisión deberá celebrar la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos para integrar los expedientes. Posteriormente evaluará la documentación y determinará si existen elementos para elaborar un dictamen, el cual, en su caso, será turnado al Pleno del Congreso para su votación.
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Naomi Edith Gómez Santos, explicó previamente que la identidad de los servidores públicos y los delitos atribuidos permanecían bajo reserva debido a la naturaleza del procedimiento legislativo.
Asimismo, precisó que la declaración de procedencia no determina culpabilidad, sino que únicamente permite retirar el fuero constitucional para que la Fiscalía pueda continuar, en su caso, con el proceso penal ante las autoridades judiciales competentes.
El contexto político del caso
El procedimiento ocurre en un contexto de confrontación política entre Morena y Movimiento Ciudadano en Veracruz.
Desde el proceso local electoral de 2025, la gobernadora Rocío Nahle García había cuestionado públicamente algunos perfiles postulados por el partido naranja. Entre ellos mencionó al hoy alcalde de Las Choapas, Jesús Uribe Esquivel, cuyo pasado judicial fue señalado por la mandataria cuando aún era alcalde electo.
Meses después, ya como presidente municipal en funciones, Uribe anunció su salida de Movimiento Ciudadano para incorporarse a Morena.
La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano ha denunciado que presidentes municipales, síndicos y regidores de ese partido enfrentan presiones para abandonar sus cargos partidistas e incorporarse a Morena, señalamientos que forman parte del contexto político en el que se desarrolla el procedimiento contra ambos alcaldes.
