Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver. — La Comisión Instructora del Congreso de Veracruz citó para este jueves 30 de julio a los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván, quienes podrán comparecer ante los diputados antes de que sean elaborados los dictámenes sobre las solicitudes para retirarles el fuero constitucional.
Raúl González Martínez, presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, ha atendido personalmente las diligencias del procedimiento iniciado en su contra. Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, no se ha presentado ante la comisión y ha delegado su defensa en sus abogados.
La Fiscalía General del Estado relaciona a González Martínez con el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, mientras que a Bravo Montero lo vincula con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su escolta, Ignacio López.
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Por ambos casos, el organismo solicitó al Congreso retirar la inmunidad procesal de los dos presidentes municipales para estar en condiciones de proceder penalmente en su contra.
El martes 28 de julio, González Martínez acudió al Palacio Legislativo acompañado de sus abogados para presentar documentos, pruebas y argumentos con los que busca responder a los señalamientos de la Fiscalía. Bravo Montero no asistió: en su nombre, sus asesores jurídicos entregaron los escritos y elementos que integran su defensa ante los diputados de la Comisión Instructora.
Tras recibir la documentación, los integrantes de la comisión se reunieron la noche del martes, aprobaron los acuerdos correspondientes y ordenaron notificar los emplazamientos a los dos ayuntamientos. En Ixhuatlán del Sureste, personal municipal confirmó que recibió el documento mediante el cual González Martínez fue requerido para comparecer. “Están citando al alcalde para mañana, para que venga a comparecer con la Comisión Instructora”, informaron.
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La presencia personal de los alcaldes no es obligatoria, ya que las diligencias pueden desahogarse por medio de sus representantes legales. Durante las audiencias, los ediles o sus abogados podrán ampliar los argumentos entregados previamente, responder a los señalamientos incluidos en las solicitudes de desafuero y exponer los elementos que consideren necesarios para su defensa.
Qué sigue
Al concluir las comparecencias, la Comisión Instructora continuará con la revisión de las pruebas y los alegatos para elaborar un dictamen por cada procedimiento. Los documentos deberán establecer si existen elementos para declarar la procedencia contra los presidentes municipales o si las solicitudes promovidas por la Fiscalía deben ser desechadas. La comisión no resolverá si González Martínez o Bravo Montero son responsables de los delitos que se les atribuyen; su intervención se limita a determinar si existen condiciones para retirarles la protección constitucional derivada de sus cargos.
En caso de que los dictámenes propongan proceder contra alguno de los alcaldes, serán remitidos a la Presidencia del Congreso para continuar el trámite y someterlos a votación de los 50 diputados. Si el Pleno aprueba el retiro del fuero, la Fiscalía podrá ejercer acción penal contra el servidor público correspondiente; si la solicitud es rechazada, el alcalde conservará la inmunidad procesal mientras permanezca en el cargo.
La previsión es que los dictámenes sean presentados durante la sesión de la Diputación Permanente programada para el próximo martes, cuando podría convocarse a un periodo extraordinario para que el Pleno resuelva ambos procedimientos.
