Con la reforma, las autoridades competentes podrán proceder penalmente contra estos tres cargos sin una declaración previa del Congreso. El dictamen de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales sostiene que ese requisito no debe ser un obstáculo para investigar y perseguir delitos.
Como agencia de colocaciones. Esa misma asociación civil figuró en la trayectoria previa de al menos tres funcionarios que ocuparon puestos de mando medio en la SEV durante la gestión de Tello al frente de la dependencia.
La denuncia quedó registrada bajo el expediente 539/26 y fue presentada un día después de que la gobernadora Rocío Nahle García pidiera a quien tuviera señalamientos de este tipo llevarlos ante la autoridad correspondiente, acompañados de pruebas.
Nahle García condicionó la validez del señalamiento a la presentación de una denuncia formal con pruebas.
José Alberto Flores Hernández, quien se desempeñó como asistente legislativo en la oficina de la diputada Dorheny García Cayetano, acusó en un video difundido en redes sociales que, durante su relación laboral con el Congreso de Veracruz, le exigían entregar una parte de su sueldo a la asistente particular de la legisladora.
Para aprobar el desafuero de cada presidente municipal se requiere el respaldo de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso. De alcanzarse esa votación, el alcalde correspondiente perderá la inmunidad procesal y la Fiscalía podrá ejercer acción penal en su contra.
