María González
XALAPA, Ver. — La Comisión Permanente Instructora del Congreso de Veracruz resolvió que “ha lugar a proceder” en los casos de desafuero contra Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván. Con esta determinación, el Pleno del Congreso decidirá este miércoles 5 de agosto si les retira el fuero constitucional.
La Diputación Permanente convocó a una sesión extraordinaria en la que los 50 integrantes de la LXVII Legislatura discutirán y votarán por separado los dictámenes de declaración de procedencia solicitados por la Fiscalía General del Estado (FGE) para cada uno de los ediles.
El caso de Úrsulo Galván
La FGE relaciona a Bravo Montero con la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de su escolta, Ignacio López, vistos por última vez el 14 de mayo en Barra de Chachalacas.
Según la investigación, cámaras de seguridad captaron la llegada de la camioneta de las víctimas al domicilio del alcalde, pero no su salida, y registros de geolocalización ubicaron los teléfonos de ambas víctimas y de Bravo Montero en la misma zona durante aproximadamente tres horas.
La defensa del alcalde, a cargo del abogado Rodolfo Martínez Valdez, presentó registros de telefonía con los que busca descartar esa responsabilidad. De acuerdo con la tarjeta informativa de la defensa, el teléfono de Ramos Sánchez se desplazó después de las 15:54 horas por distintas localidades del municipio de Puente Nacional, lo que —sostiene la defensa— pondría en duda la versión de la Fiscalía sobre el momento y el lugar de los hechos.
El caso de Ixhuatlán del Sureste
González Martínez es investigado en relación con el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, privada de la libertad el 2 de junio en su domicilio de Nanchital y localizada sin vida más de un mes después.
La acusación de la Fiscalía se sostiene, entre otros elementos, en la declaración de un testigo que señaló haber escuchado al alcalde comunicarse con un presunto líder criminal de la región para solicitar la privación de la libertad de la comunicadora.
Ambos alcaldes comparecieron ante la Comisión Instructora el pasado 30 de julio, en una audiencia de pruebas y alegatos en la que presentaron el material que consideraron pertinente para sostener su inocencia.
Lo que sigue
Para aprobar el desafuero de cada presidente municipal se requiere el respaldo de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso. De alcanzarse esa votación, el alcalde correspondiente perderá la inmunidad procesal y la Fiscalía podrá ejercer acción penal en su contra.
La declaración de procedencia no establece la responsabilidad penal de los ediles. El Congreso únicamente determinará si existen elementos para retirarles el fuero y permitir que sean sometidos al proceso correspondiente.
La Comisión Instructora, presidida por Facundo Fernández de la Cruz e integrada por Ramón Díaz Ávila, como secretario, y Felipe Pineda Barradas, como vocal, analizó las carpetas de investigación, los datos de prueba presentados por la Fiscalía y los argumentos de las defensas de ambos alcaldes.
El procedimiento se da en medio de la tensión entre Morena y Movimiento Ciudadano en Veracruz; desde el proceso electoral de 2025, la dirigencia estatal de MC ha denunciado presiones para que sus alcaldes, síndicos y regidores abandonen el partido.
