Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver. — La defensa del alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, presentó registros de telefonía celular con los que busca descartar que el edil haya privado de la libertad al empresario Héctor Ramos Sánchez y a su escolta, Ignacio López, en el marco del procedimiento de desafuero que promueve en su contra la Fiscalía General del Estado (FGE).
El abogado Rodolfo Martínez Valdez expuso los argumentos tras la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el jueves ante la Comisión Instructora del Congreso de Veracruz.
La denuncia se sostiene —según informó— en tres elementos: que Ramos Sánchez y López fueron privados de su libertad por el alcalde Bertín Bravo Montero en su domicilio particular en Barra de Chachalacas; que los dispositivos telefónicos de las víctimas dejaron de funcionar en ese domicilio, y que el ayuntamiento negó información sobre su paradero al ser requerida.
La defensa reconoce que las víctimas llegaron al domicilio del munícipe alrededor de las 13:30 horas del 14 de mayo, para negociar la compra de material de adoquín destinado a calles de Úrsulo Galván, y que el alcalde no acudió ese día a Palacio Municipal por motivos de salud, pero que las víctimas se habrían retirado del domicilio a las 15:40 horas.
Para sustentar esa versión, la defensa cita tres informes periciales de la FGE sobre la ubicación de las antenas de telefonía a las que estuvieron conectados los dispositivos de las víctimas y de Bravo Montero. De acuerdo con ese análisis, el teléfono de Héctor Ramos Sánchez se desplazó, después de las 15:54 horas, por las localidades de José Cardel, Úrsulo Galván, Cabezas y El Pando, en el municipio de Puente Nacional.
Un informe de la defensa también hace referencia a un mensaje de texto que, según la Fiscalía, Ramos Sánchez envió a su pareja a las 16:13 horas, en el que mencionaba estar con una persona identificada como “jefe de plaza”. La defensa sostiene que, a esa hora, el teléfono de la víctima ya se ubicaba lejos del domicilio de Bravo Montero, por lo que cuestiona la veracidad de ese mensaje.
La tarjeta informativa incluye, además, un señalamiento de la defensa sobre presuntos conflictos legales previos entre la familia de la pareja de Ramos Sánchez y la propia víctima, derivados de un desacuerdo relacionado con una mina de piedra, así como la referencia a un informe rendido por la síndica municipal de Úrsulo Galván, quien negó que el ayuntamiento cuente con policía municipal o separos.
Con estos elementos, la defensa concluyó que no existen bases para acreditar que las víctimas hayan sido privadas de su libertad, y pide a la Comisión Instructora no turnar el caso al Pleno del Congreso.
Bravo Montero es uno de dos alcaldes de Movimiento Ciudadano —junto con Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste— cuyo proceso de desafuero se tramita actualmente en el Congreso de Veracruz.
Los dictámenes de la Comisión Instructora se esperan para la sesión de la Diputación Permanente del martes 4 de agosto.
