Los desaforados son Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván, ambos de Movimiento Ciudadano (MC). El Congreso aprobó su desafuero el 5 de agosto.
La reforma reescribe por completo la lista de servidores públicos protegidos por el artículo 78 de la Constitución estatal —el artículo que obliga al Congreso a emitir una declaración de procedencia antes de que alguien pueda ser procesado penalmente durante su cargo— y, en esa nueva redacción, omite a las presidencias municipales, los concejos municipales y las sindicaturas.
Se trata de Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván, ambos de Movimiento Ciudadano.
Con 40 votos a favor y 8 en contra, el Congreso de Veracruz lo desaforó para que la Fiscalía General del Estado continúe el procedimiento penal en su contra.
El presidente municipal arribó acompañado por su abogado, Rodolfo Martínez Valdez, antes de que el Pleno se erigiera en Jurado de Procedencia para resolver si le retiraba la protección constitucional.
