Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver. — Los presidentes municipales de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste, ambos de Movimiento Ciudadano, tienen hasta el próximo martes 28 de julio para presentar su defensa ante el Congreso de Veracruz, luego de que las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales avalaran continuar los procedimientos de desafuero en su contra.
Se trata de Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, y Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste. Los dictámenes fueron turnados a la Comisión Permanente Instructora, que deberá revisar las pruebas de la Fiscalía General del Estado (FGE), recibir las defensas de los ediles y determinar si propone al Pleno retirarles la inmunidad procesal.
El aval de las comisiones no implica responsabilidad penal. Es un paso dentro del trámite legislativo para definir si ambos funcionarios pueden enfrentar un proceso penal sin la protección del fuero constitucional.
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El caso de Úrsulo Galván
La FGE relaciona a Bravo Montero con la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de su escolta, Ignacio López, vistos por última vez el 14 de mayo pasado en Barra de Chachalacas.
Según el expediente, el empresario y su acompañante acudieron al domicilio del alcalde después de que este citó a Ramos Sánchez para presentarle a una persona identificada como jefe de plaza. Antes del encuentro, el empresario informó a su pareja sobre el motivo de la reunión.
Cámaras de seguridad registraron la llegada de la camioneta en la que viajaban las víctimas, pero no captaron su salida, de acuerdo con la investigación. Registros de geolocalización ubicaron los teléfonos de Ramos Sánchez, López y Bravo Montero en la misma zona durante aproximadamente tres horas. Un familiar del empresario declaró, además, que el alcalde le solicitó la factura de la camioneta días después de la desaparición.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas integró el expediente y solicitó al Congreso el retiro del fuero.
El caso de Ixhuatlán del Sureste
González Martínez es investigado en relación con el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, quien fue privada de la libertad el 2 de junio en su domicilio de Nanchital y más de un mes después localizada sin vida.
Un testigo declaró haber escuchado al edil comunicarse con un presunto líder criminal de la región para pedir la privación de la libertad de la comunicadora, bajo el argumento de que ella tenía una fotografía en la que el funcionario aparecía con un arma larga, según filtraciones a medios.
Lo que sigue
Los dos ediles ya fueron notificados y cuentan con siete días hábiles para responder, plazo que vence el próximo martes. Podrán presentar su defensa por escrito o comparecer ante la Comisión Instructora.
“Ya se les notificó y ahora tienen siete días para responder a lo que a derecho corresponda”, informó Naomi Edith Gómez Santos, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso.
Concluido ese plazo, la Comisión Instructora celebrará la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, y posteriormente determinará si existen elementos para elaborar un dictamen. De aprobarse, este será turnado al Pleno, donde se requerirá mayoría calificada para retirar el fuero.
El contexto político
El procedimiento se da en medio de la tensión entre Morena y Movimiento Ciudadano en Veracruz. Desde el proceso electoral de 2025, la dirigencia estatal de MC ha denunciado presiones para que sus alcaldes, síndicos y regidores abandonen el partido y se sumen a Morena.
Uno de los casos más visibles fue el del alcalde de Las Choapas, Jesús Uribe Esquivel, señalado en su momento por la gobernadora Rocío Nahle García por antecedentes judiciales, y quien meses después, ya en funciones, anunció su salida de MC hacia Morena.
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