Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver. La exdirectora general de Administración del Poder Judicial de Veracruz, Joana Marlen Bautista Flores, promovió un juicio de amparo contra diversos actos judiciales en su contra, en el contexto de la investigación penal que enfrenta por presuntas irregularidades en contrataciones.
Según el acuerdo judicial, el recurso fue interpuesto contra posibles órdenes de aprehensión, comparecencia, presentación, arresto y arraigo, que podrían derivarse del proceso que enfrenta.
La exfuncionaria es investigada por la Fiscalía General del Estado por su presunta participación en irregularidades detectadas durante su gestión, relacionadas con contrataciones dentro del Poder Judicial.
Investigación por presunto daño millonario
Las indagatorias apuntan a una red de al menos cuatro exservidores públicos y a operaciones con cinco empresas y un proveedor, señalados por posibles inconsistencias administrativas.
Según denuncias presentadas en 2024, los hechos podrían estar vinculados con un presunto desvío de alrededor de 50 millones de pesos, correspondiente al primer semestre de 2023.
En ese momento, la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre —actual fiscal general del Estado—, informó que las denuncias incluían delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y peculado.
Sanción administrativa y contexto anticorrupción
De manera paralela, Bautista Flores ya enfrenta una sanción administrativa de inhabilitación por 10 años, impuesta por el Consejo de la Judicatura del Estado, derivada de las mismas investigaciones.
El caso se inserta en un contexto más amplio de sanciones a exfuncionarios del Poder Judicial de Veracruz, algunos de los cuales han sido incorporados a registros oficiales de la Plataforma Nacional Anticorrupción por faltas administrativas graves.
Proceso en curso
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la resolución del amparo ni sobre la emisión de órdenes judiciales definitivas en contra de la exfuncionaria.
El proceso continúa en desarrollo tanto en el ámbito penal como administrativo.
