Redacción Sie7eDíasNoticias
POZA RICA, Ver. — A un año de que abogados advirtieran que la Ciudad Judicial de Poza Rica no era “digna ni funcional”, las condiciones del inmueble no solo persisten, sino que se han agravado, según denunciaron litigantes a las afueras del complejo.
Las quejas ahora apuntan a fallas estructurales, carencias en servicios básicos y riesgos para quienes acuden diariamente a realizar trámites o audiencias.
De advertencia a problema sostenido
En abril de 2025, abogados señalaron que el edificio no cumplía con las condiciones mínimas para operar. Hoy, aseguran, el escenario no ha cambiado.
El abogado Marcelino González Romero afirmó que, pese a las manifestaciones realizadas desde entonces, no existe una respuesta integral del Poder Judicial ni del Órgano de Administración.
Servicios deficientes y obra detenida
Entre las principales irregularidades, destacan la falta de agua potable constante y problemas en el sistema de drenaje, lo que ha obligado incluso al personal a costear pipas para mantener en funcionamiento los sanitarios.
A esto se suma la suspensión de la segunda etapa del proyecto, detenida desde diciembre, sin información oficial sobre su reanudación.
Accesos inseguros y espacio insuficiente
El acceso al inmueble también representa un riesgo. Calles con lodo, encharcamientos y ausencia de señalización obligan a usuarios a transitar en condiciones inseguras.
Además, el estacionamiento fue restringido al personal del Poder Judicial, pese a que existen espacios disponibles, lo que complica la llegada de litigantes y ciudadanos.
En el interior, la falta de áreas adecuadas provoca saturación en salas y zonas de espera, sin condiciones suficientes para menores o personas con discapacidad.
En la parte posterior del inmueble se mantiene la acumulación de desechos de las inundaciones de octubre de 2025 en Poza Rica, lo que, de acuerdo con los denunciantes, representa un foco de infección que no ha sido atendido por autoridades municipales, estatales ni judiciales.
Sin respuesta de fondo
Los litigantes sostienen que las deficiencias ya han sido notificadas a distintas instancias, sin que hasta ahora se presenten soluciones concretas.
Advirtieron que las condiciones actuales no corresponden a un espacio destinado a la impartición de justicia, por lo que insistieron en la necesidad de una intervención inmediata.
