El secretario de Trabajo comparece este miércoles ante un Congreso de mayoría oficialista, mientras los trabajadores del INVIVIENDA despedidos hace 17 años siguen sin reinstalación ni pago. El Poder Judicial Federal ha requerido al menos nueve veces que se cumpla el laudo.
Por Juan José Llanes Gil
Las comparecencias de los titulares de las secretarías de despacho del gobierno de Veracruz han sido —siempre— un ejercicio inútil e intrascendente. Más aún, cuando en el Poder Legislativo existen abrumadoras mayorías del partido gobernante.
Por lo tanto, no puede esperarse una auténtica rendición de cuentas.
La tarde de este miércoles 18 de noviembre comparece ante el Congreso el secretario de Trabajo, Previsión Social y Productividad de Veracruz. Lo hará en el cómodo contexto que implica hacerlo ante una mayoría de legisladores de su partido que no lo incomodarán, y ante la oposición, que no sabrá qué preguntar.
El juicio pendiente en el INVIVIENDA
Es obvio que un tema que debiera explicarse al Congreso es el relativo al juicio de los trabajadores del INVIVIENDA que aún no han sido reinstalados ni pagados, pese a que hay un laudo firme y la orden del Poder Judicial Federal, contenida en una sentencia de amparo, que dispone que ese laudo se ejecute.
El estatus actual es este:
El Poder Judicial Federal ha requerido por lo menos en nueve ocasiones que se cumpla su sentencia de amparo, que conlleva el que se ejecute —a su vez— un fallo laboral que condenó al INVIVIENDA a reinstalar y a pagar a trabajadores injustamente despedidos hace 17 años.
Los vinculados al cumplimiento del laudo
Ahora mismo, al cumplimiento de ese fallo federal están vinculados por un juez de distrito el gerente general del INVIVIENDA, la propia Junta Especial que debe ejecutar y no lo hace (que depende directamente de la STPSyP), la titular de la SEDESOL, el titular de SEFIPLAN y, destacadamente, la misma gobernadora del estado.
El secretario de Trabajo (si es que se lo preguntan) dirá que su dependencia ha actuado “conforme a derecho”. Empero, en la sentencia que dictó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito a favor de esos trabajadores, les otorgó la protección constitucional porque la STPSyP decidió paralizar la ejecución de un fallo.
Lo que definió el amparo en revisión 5/2026
Así, el amparo en revisión 5/2026 (que puede ser consultado por quien lo desee) definió:
a).- Que en el juicio de esos trabajadores “existió la petición reiterada de los actores a efecto de que la Presidenta de la Junta proveyera sobre el cumplimiento del laudo de manera pronta y eficaz, lo que no se ha satisfecho cabalmente”.
b).- Que “se puede sostener válidamente que asiste la razón jurídica a los impetrantes del amparo, en cuanto aducen que la Presidenta de la Junta Especial número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje, transgrede las disposiciones contenidas en las normas antes transcritas, en virtud que vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial completa y efectiva, que comprende el derecho a ejecutar los laudos y resoluciones jurisdiccionales firmes”.
c).- Que “esa actuación de la Presidenta de la Junta no ha sido eficaz para lograr su cumplimiento, ya que como consta, la ejecución se ha paralizado, en razón de la injerencia de la parte demandada”.
d).- Que “la Presidenta ejecutora no ha cumplido con la obligación que impone el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de que le corresponde determinar las medidas necesarias para la ejecución pronta y expedita del laudo firme”.
Lo que no explicará la STPSyP
Lo que tampoco explicará el titular de la STPSyP al Congreso es por qué razón la dependencia a su cargo ha violentado derechos humanos (lo que no digo yo, sino un tribunal federal) y ni un solo servidor público ha sido sancionado.
Tampoco explicará por qué razón, tras ordenar el Poder Judicial Federal que se dispusiera incluso el arresto del titular del INVIVIENDA en caso de no reinstalar y pagar a trabajadores (arresto que se debió hacer, solicitado o no, porque se trata del cumplimiento de una ejecutoria federal), la STPSyP abrió una pausa para permitir que el gerente de ese organismo tuviera tiempo de promover un amparo.
Y sí, es cierto: el gerente del INVIVIENDA tiene que circular con una suspensión decretada en un amparo que tuvo que promover para evitar que lo arresten.
Tampoco explicará por qué su empecinamiento en violar el derecho fundamental de acceso a la justicia tiene a otros dos secretarios (al de SEFIPLAN y a la de SEDESOL) y a la propia gobernadora circulando con la advertencia del Poder Judicial Federal de que, o se acata el mandamiento, o se les podría separar de sus cargos.
El turno de los diputados
Lo más interesante del caso será, cuando llegue el turno de los diputados de preguntar, que los legisladores de Morena harán lo que sea para cobijar a un funcionario que, sencillamente, se juega la cabeza de una gobernadora de su partido y ha tomado de rehén al hijo del número tres de la estructura estatal.

Los artículos de opinión, escritos por Juan José Llanes Gil, ofrecen una mirada crítica y analítica de los temas que marcan la agenda pública, desde una perspectiva legal. Abogado laborista con amplia trayectoria, Llanes Gil explica con claridad el trasfondo jurídico de los acontecimientos actuales, desmonta discursos oficiales y pone sobre la mesa lo que muchas veces se omite: el papel del derecho en la vida cotidiana. Su enfoque combina rigor, contexto histórico y compromiso social.

Sobre el autor
Los artículos de opinión, escritos por Juan José Llanes Gil, ofrecen una mirada crítica y analítica de los temas que marcan la agenda pública, desde una perspectiva legal. Abogado laborista con amplia trayectoria, Llanes Gil explica con claridad el trasfondo jurídico de los acontecimientos actuales, desmonta discursos oficiales y pone sobre la mesa lo que muchas veces se omite: el papel del derecho en la vida cotidiana. Su enfoque combina rigor, contexto histórico y compromiso social.

