En este momento, forzada por el Poder Judicial Federal (PJF), la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz debió disponer que el 28 de octubre próximo el INVIVIENDA reinstale a ocho trabajadores despedidos y les pague lo que les adeuda, o tendrá que arrestar al Gerente General de dicho organismo José Manuel Pozos del Ángel.
No se puede más que concluir: o miente ahora la gobernadora Rocío Nahle, o mintió la entonces directora del IPE, Daniela Griego.
Lo que me pregunto seriamente es si ese derecho al trabajo al que alude la gobernadora como fundamento de la contratación de los sobrinos de López Obrador es, al menos en Veracruz, prerrogativa de la familia del exmandatario o si es un derecho del que pueden gozar todos.
Cabría decirle a don Ricardo que el hecho de que un servidor público como López Herrería cubra el “perfil” que se requiere no merece una nota laudatoria ni justifica per se el que se le haya dado trabajo, habida cuenta de que se trata de un requisito legal.
Sería importante recordarle a Arriaga que él fue trabajador de confianza al servicio de una entidad pública federal. Por tanto, al no tener estabilidad laboral, no tendría derecho a que lo indemnicen.
Lo cierto es que Claudia Tello regresa al Senado para ejecutar otra delicada encomienda: sumarse a la artillería que dispara fuego amigo para evitar que los adversarios de Nahle se encumbren.
