Por Juan José Llanes
En este momento, forzada por el Poder Judicial Federal (PJF), la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz debió disponer que el 28 de octubre próximo el INVIVIENDA reinstale a ocho trabajadores despedidos y les pague lo que les adeuda, o tendrá que arrestar al Gerente General de dicho organismo José Manuel Pozos del Ángel.
Al cumplimiento de ese mandato también quedó vinculada por el PJF la gobernadora de Veracruz, Norma Rocío Nahle García.
La historia es la siguiente:
En el año 2009, ocho trabajadores, entre otros, fueron despedidos de su empleo en el Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA). Tras un juicio largo y desgastante, lograron que se dictara un laudo que condenó a ese organismo a reinstalarlos y a pagarles. El juicio, en este momento, se encuentra radicado en la Junta Especial Número Siete, y es el 187/III/2009-V-VII.
El laudo definitivo se dictó en las postrimerías del gobierno que encabezó Miguel Ángel Yunes Linares; el régimen de Cuitláhuac García, durante seis años, dándole continuidad a las decisiones de su antecesor, decidió no cumplir el fallo. Reiteradamente se solicitó a la Junta de Conciliación y Arbitraje que lo ejecutara, pero esta decidió dilatar el proceso.
Los trabajadores, entonces, decidieron promover, en 2025, una demanda de amparo indirecto que se radicó ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito con sede en Xalapa bajo el número 922/2025. El juez federal forzó a la Junta a actuar de inmediato, pero se contentó con que –de manera recurrente– acudieran los trabajadores con un actuario a requerir que los reinstalaran y pagaran, sin éxito.
El argumento del INVIVIENDA siempre ha sido el mismo: que no tiene “espacio” en donde poner a los trabajadores, y que se encuentra haciendo interminables “trámites” ante SEFIPLAN gestionando el pago. El juez de distrito consideró –erróneamente– que con ello se reparaba la lesión a los derechos humanos de acceso a la justicia y a la tutela jurisdiccional efectiva de los trabajadores, y sobreseyó el amparo a finales de 2025.
Inconformes con ello, los trabajadores promovieron un recurso de Revisión que conoció y resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. El número de tal expediente fue el 5/2026. Tras la sentencia de ese órgano federal, se modificaron las cosas:
El Tribunal Colegiado revocó el sobreseimiento del Juez Decimoséptimo y concedió el amparo a los trabajadores. La sentencia es elocuente en la medida en que su contenido delata la simulación y la corrupción atroz que impera en Veracruz para evadir los fallos judiciales y para violar derechos humanos.
A reserva de ir exponiendo en otras publicaciones los detalles de esa sentencia, anticipo que el tribunal federal definió que el derecho de acceso a la justicia de los trabajadores solamente podrá restaurarse cuando el laudo dictado a su favor se cumpla a cabalidad. Detalló cómo el INVIVIENDA ha impulsado recursos e incidentes sin sentido, y cómo la Junta de Conciliación ha sido obsequiosa ante el propósito de paralizar la ejecución de un fallo.
Y lo más relevante: definió también que debía disponerse que, de continuar el desacato, se usaran medios de apremio tales como el arresto. Así pues, forzada por el PJF, la Junta de Conciliación y Arbitraje tuvo que apercibir a José Manuel Pozos del Ángel para que el 28 de octubre reinstale y pague a los trabajadores dado que, en caso contrario, “… se hará efectivo el medio de apremio… consistente en arresto por treinta y seis horas[…]”.
El 14 de octubre pasado, el juez federal vinculó al cumplimiento de la sentencia de amparo a la gobernadora del Estado. Apercibió –de entrada– con una multa, pero precisó que la vinculación se realizaba en términos de los artículos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo. En otra publicación me encargaré de precisar cuál es la trascendencia de esto; seguro estoy de que los “asesores” del gobierno (que asegura la gobernadora no tener), no lo tienen claro.
Baste decir que la ingeniera Nahle García se colocó en el mismo punto en el que estuvo Javier Duarte hace una década, con una vinculación al cumplimiento de una sentencia de amparo por un tema de trabajadoras del Congreso del Estado.
En este momento sabemos también que el gobierno de Veracruz está articulando (con la ayuda de la propia Secretaría de Trabajo) hasta lo absurdo para evitar que se tenga que ejecutar el fallo de los trabajadores del INVIVIENDA. Sabemos también que les resulta impensable la posibilidad de tener que mandar a arrestar al hijo del subsecretario de Gobierno (a quien también le dieron empleo en el gobierno, al frente de ese organismo).
Pero tenemos claro que les resulta más insufrible tener que cumplir mandatos judiciales.
Los trabajadores tomaron la decisión de visibilizar este tema, y lo iré haciendo, por supuesto, asumiendo en lo personal lo delicado que es –en tiempos de tanto autoritarismo– atreverse a exponer el nulo respeto a la ley que se tiene en un régimen que presume respetarla.
Entiendo también que ese nivel de desafío del gobierno estatal al Poder Judicial Federal se sostiene en la idea de que la “Reforma Judicial”, tan cuestionada, les puede permitir doblar a los juzgadores al punto de darse el lujo del desacato.
Lo que no sé es si el Gobierno Federal (en un sistema que está unificado en torno de la 4T) sabe lo que pasa en Veracruz y lo consiente.
Como sea, creo que las cosas tienen que cambiar. Y sigo creyendo que los derechos de los trabajadores que han sido lastimados tienen que repararse.
Continuaré con más detalles en otro momento.
Los artículos de opinión, escritos por Juan José Llanes Gil, ofrecen una mirada crítica y analítica de los temas que marcan la agenda pública, desde una perspectiva legal. Abogado laborista con amplia trayectoria, Llanes Gil explica con claridad el trasfondo jurídico de los acontecimientos actuales, desmonta discursos oficiales y pone sobre la mesa lo que muchas veces se omite: el papel del derecho en la vida cotidiana. Su enfoque combina rigor, contexto histórico y compromiso social.
