Ciudadano depositando su voto en una urna durante una elección
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El pueblo manda en una democracia no solo cuando elige, sino cuando vigila, exige resultados y puede cambiar a quienes gobiernan. Ganar una elección no es recibir la propiedad del gobierno.

Por Juan Manuel Díaz Organitos

Ganar una elección no significa recibir la propiedad del gobierno. Significa asumir la responsabilidad de administrar los asuntos públicos.

Decir que el pueblo manda en una democracia se ha convertido en una de esas afirmaciones que todos repiten, que los políticos utilizan en sus discursos y que difícilmente alguien se atrevería a cuestionar públicamente. Sin embargo, hay una pregunta que merece una discusión mucho más seria: ¿efectivamente el pueblo manda o solamente elige a quienes, después, mandan en su nombre?

Para responder hay que comenzar por aclarar qué significa realmente que el pueblo mande.

Porque no significa que cada decisión de gobierno tenga que someterse a consulta popular. Sería absurdo, impráctico y hasta irresponsable pretender que la ciudadanía tenga que votar sobre cada contrato, cada obra pública, cada nombramiento administrativo, cada política de mantenimiento urbano o cada decisión cotidiana de la administración pública.

Una democracia representativa existe precisamente porque la sociedad elige autoridades a las que confía la responsabilidad de tomar decisiones, administrar recursos, resolver problemas y conducir los asuntos públicos dentro del marco constitucional y legal.

Gobernar no es lo mismo que hacer política

Pero aquí está el punto que parece haberse perdido en buena parte de la discusión política: el pueblo elige gobernantes para que gobiernen, no para que continúen haciendo campaña desde el gobierno.

Y gobernar no es lo mismo que hacer política.

La política electoral tiene una lógica: conquistar votos, construir mayorías, defender partidos, promover candidatos, confrontar adversarios y conservar posiciones de poder.

La administración pública tiene otra: resolver problemas, prestar servicios, utilizar correctamente los recursos, ejecutar presupuestos, cumplir la ley, evaluar resultados y responder a las necesidades de toda la población.

Cuando un gobierno confunde ambas responsabilidades, comienza a desvirtuarse el mandato que recibió de los ciudadanos.

Un gobierno electo debe entender que, al asumir el cargo, deja de representar exclusivamente a quienes votaron por él. Desde ese momento tiene la obligación de gobernar para todos: para quienes lo apoyaron, para quienes votaron por otra opción y también para quienes no participaron en las elecciones.

No puede administrar el país, el estado o el municipio como si fuera patrimonio de su partido. Tampoco puede convertir cada decisión administrativa en un acto de propaganda, cada programa público en una herramienta de promoción política y cada crítica en una supuesta agresión a la voluntad popular.

El voto otorga el derecho a gobernar, pero también impone la obligación de administrar con responsabilidad.

Cuándo manda realmente el pueblo

Entonces, ¿dónde queda el principio de que el pueblo manda?

Queda, precisamente, en algo mucho más importante que la consulta permanente: en la capacidad de la sociedad para determinar quién gobierna, establecer mediante la Constitución y las leyes los límites del poder, vigilar su ejercicio, exigir resultados y sancionar políticamente a quienes incumplen sus responsabilidades.

El pueblo manda cuando puede elegir libremente y cuando su voto tiene consecuencias reales. Manda cuando las autoridades están obligadas a rendir cuentas. Manda cuando la ley está por encima de los gobernantes. Manda cuando puede disentir sin represalias, cuando la crítica no se convierte en motivo de persecución y cuando las instituciones garantizan sus derechos, independientemente de quién ocupe el poder. Manda cuando puede cambiar de gobierno sin que quienes lo ejercen pretendan perpetuarse.

Pero hay una contradicción que no podemos ignorar: con frecuencia, quienes llegan al poder mediante el voto popular terminan comportándose como propietarios de la voluntad ciudadana. Confunden la legitimidad electoral con una autorización ilimitada para hacer lo que consideren conveniente. Y no es así.

Una elección no convierte al gobernante en dueño de la soberanía. Tampoco transforma a la mayoría electoral en la totalidad del pueblo. Mucho menos elimina los derechos de quienes piensan diferente. El mandato democrático tiene límites y responsabilidades.

Por eso también debemos cuestionar la idea de que un gobierno demuestra su carácter democrático por el número de consultas populares que realiza. Consultar no siempre significa gobernar mejor, de la misma manera que no consultar cada decisión no significa necesariamente ignorar al pueblo.

Lo que realmente importa es que las decisiones se tomen con fundamento, transparencia, legalidad y orientación al interés público.

Un buen gobierno no necesita preguntarle a la ciudadanía cómo debe reparar una calle, administrar un hospital o ejecutar una partida presupuestal. Para eso fue elegido y para eso cuenta con funcionarios, especialistas, instituciones y responsabilidades legalmente establecidas.

Pero sí debe escuchar a la sociedad cuando sus decisiones afectan derechos, comprometen el futuro colectivo o modifican sustancialmente las condiciones de vida de la población. Y debe someterse a los mecanismos de participación y consulta que establece el orden jurídico.

La diferencia es fundamental: la participación ciudadana no sustituye la responsabilidad de gobernar, pero la responsabilidad de gobernar tampoco elimina el derecho de la ciudadanía a participar.

¿Gobiernos para el interés público o para el interés político?

Llegamos así al verdadero problema: ¿tenemos gobiernos que administran los intereses públicos o gobiernos que administran los intereses políticos de quienes los encabezan?

¿Tenemos servidores públicos que entienden que su obligación es resolver los problemas de la sociedad o funcionarios más preocupados por mantener la popularidad, defender a su partido y preparar la siguiente elección?

¿Tenemos administraciones que evalúan su desempeño por los resultados o gobiernos que consideran que la propaganda y el discurso son suficientes para demostrar que están cumpliendo?

Estas preguntas no tienen dueño partidista. Deben hacerse a todos los gobiernos, sin distinción de colores, ideologías o siglas.

Porque la democracia no puede medirse exclusivamente por quién gana las elecciones. También debe medirse por cómo se ejerce el poder después de ganarlas.

Y aquí está la conclusión que merece nuestra reflexión:

El pueblo manda cuando elige, pero también cuando conserva el derecho y la capacidad de vigilar, cuestionar, exigir y cambiar a quienes gobiernan.

Los gobernantes no reciben un cheque en blanco ni una autorización para continuar haciendo política electoral desde los recursos y las instituciones públicas. Reciben una responsabilidad temporal: administrar los asuntos de todos, respetar la ley y entregar resultados.

La democracia representativa no consiste en que millones de ciudadanos gobiernen directamente cada día. Consiste en que quienes gobiernan nunca olviden de dónde proviene su autoridad, a quién deben servir y ante quién deben responder.

Así que la pregunta inicial sigue en pie, y quizá ahora resulta todavía más inquietante:

¿Efectivamente el pueblo manda en nuestra democracia o, después de votar, simplemente entrega el poder y queda a la espera de que sus gobernantes tengan la voluntad de escucharlo?

Porque elegir a quienes mandan no necesariamente significa que el pueblo siga mandando. Y esa diferencia es, precisamente, la que debemos discutir.

Sobre el autor

Juan Manuel Díaz Organitos

Es General de División de Estado Mayor (Retirado) del Ejército Mexicano. Licenciado, con tres maestrías y doctorado, y más de cinco décadas de experiencia en el servicio público. Analiza la historia, la política y la actualidad nacional e internacional desde una perspectiva multidisciplinaria.

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