¿Es la democracia estadounidense un modelo que sea útil para México? (III de III partes)

Tercera y última entrega de una reflexión sobre las elecciones, las instituciones, la justicia, la educación y la participación ciudadana: la simulación de candidaturas en México, el presidente en campaña, el papel de la educación y la responsabilidad de la ciudadanía.

Por Juan Manuel Díaz Organitos

La simulación de candidaturas y la evasión de las reglas electorales

Una diferencia que merece especial atención al comparar los sistemas electorales de Estados Unidos y México es la utilización de figuras políticas para promover aspiraciones electorales antes de los periodos legalmente establecidos.

En México hemos observado la creación de denominaciones como coordinadores, promotores, defensores o responsables de determinados proyectos políticos, que en ocasiones han servido como vehículos para posicionar anticipadamente a personas que posteriormente buscan una candidatura. El problema no radica en que los partidos organicen procesos internos o designen responsables de sus actividades, pues tienen derecho a hacerlo, sino en que esas figuras puedan utilizarse para simular actividades distintas a una campaña electoral y, mediante esa simulación, eludir los plazos, las restricciones de propaganda y las obligaciones de fiscalización.

La experiencia de 2023 es ilustrativa: el Instituto Nacional Electoral tuvo que emitir lineamientos específicos para regular y fiscalizar los llamados procesos políticos de definición de liderazgos, precisamente para proteger la equidad de la contienda. El Tribunal Electoral también ha establecido que los actos anticipados de precampaña y campaña continúan prohibidos, independientemente del nombre que se les dé a las actividades.

Esto plantea una cuestión de fondo: las leyes electorales no pueden depender de las denominaciones que los propios actores políticos inventen para sus actividades, sino de la naturaleza real de sus conductas, sus objetivos, sus recursos y sus efectos sobre la competencia electoral. Si una persona realiza actividades de promoción electoral, utiliza propaganda, recursos y estructuras para posicionarse frente al electorado, no debería bastar con llamarla coordinadora, defensora o promotora para sustraerla de las obligaciones que tendría cualquier aspirante.

En una democracia, las reglas deben aplicarse por igual a todos y no pueden convertirse en obstáculos que los propios participantes aprendan a esquivar mediante figuras creadas para simular el cumplimiento de la ley. La credibilidad del árbitro electoral depende precisamente de su capacidad para identificar estas prácticas, investigarlas y resolverlas con independencia, sin importar el partido o la persona involucrada.

El presidente en las campañas electorales

De acuerdo con las normativas vigentes en Estados Unidos, como la Ley Hatch y las regulaciones establecidas por el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental, el presidente estadounidense no está sujeto a las mismas restricciones de actividad política que la mayoría de los empleados federales, lo que le permite realizar actos de campaña a favor de candidatos de su partido; no obstante, debido a que por motivos de seguridad nacional debe viajar siempre en aeronaves oficiales como el Air Force One, las leyes federales de financiamiento de campañas (reguladas por la Comisión Federal Electoral) exigen que los comités políticos o las campañas reembolsen al gobierno federal una parte proporcional de los costos del viaje cuando este tiene fines electorales. Bajo este marco regulatorio, existen diferentes posturas y debates sobre su aplicación práctica:

Justificación por seguridad y continuidad de gobierno. Quienes defienden esta práctica argumentan que el presidente nunca deja de ejercer sus funciones como comandante en jefe y líder del ejecutivo, incluso durante eventos partidistas. Por lo tanto, el uso de infraestructura oficial y de seguridad de alto nivel es indispensable y no puede separarse de su investidura, considerando adecuado el esquema de reembolso parcial fijado por la ley.

Críticas por ventaja política y uso de recursos públicos. Por otro lado, organizaciones de transparencia, analistas y sectores de la oposición suelen señalar que el reembolso realizado por los comités de campaña cubre únicamente una fracción del costo operativo real por hora del Air Force One; el monto reembolsado es equiparable generalmente al costo de un boleto de primera clase en un vuelo comercial, lo que, a su juicio, representa un subsidio indirecto financiado por los contribuyentes que otorga una ventaja logística y simbólica frente a los candidatos rivales.

De este modo, aunque la legislación permite al mandatario utilizar el transporte oficial para trasladarse a eventos proselitistas, la normativa busca equilibrar la seguridad presidencial con el principio de neutralidad de los recursos públicos mediante un sistema de compensación financiera que continúa siendo objeto de escrutinio político y legal.

La educación: condición indispensable de la democracia

Llegamos así a una cuestión que resulta más importante que cualquier fórmula electoral: la educación. Una democracia no se fortalece únicamente porque sus ciudadanos acudan a las urnas. Necesita personas capaces de comprender las instituciones, distinguir entre los poderes públicos, conocer sus derechos y responsabilidades, analizar propuestas y evaluar a quienes aspiran a gobernar.

No se trata de exigir títulos universitarios para ejercer el voto. El sufragio es un derecho político que no debe condicionarse al nivel académico. Se trata de reconocer que el Estado tiene la obligación de garantizar una educación de calidad y una formación cívica que permita ejercer ese derecho con libertad, responsabilidad y conocimiento.

La educación enseña a distinguir entre una propuesta y una promesa demagógica; entre información y propaganda; entre crítica legítima y descalificación partidista. También permite comprender que la oposición no es enemiga de la nación y que la pluralidad no constituye una amenaza, sino una característica esencial de la vida democrática.

Una sociedad con deficiencias educativas puede conservar sus procedimientos electorales, pero corre el riesgo de convertirlos en ejercicios vulnerables a la manipulación, la desinformación y el enfrentamiento permanente. La educación también tiene una relación importante con la participación electoral. Diversos estudios estadounidenses han documentado una asociación entre el nivel educativo y la probabilidad de votar. Esto no significa que la educación determine automáticamente la conducta electoral, pero sí que la formación académica y cívica puede facilitar la comprensión de los asuntos públicos y el involucramiento ciudadano.

Por eso, la democracia debe comenzar mucho antes de llegar a las urnas: comienza en la familia, se desarrolla en las escuelas, se fortalece en las universidades y se expresa en la convivencia cotidiana.

México debe aprender, no copiar

Este apartado exige un análisis crítico, sin idealizaciones ni comparaciones simplistas. Podemos aprender de su historia constitucional, de la periodicidad de sus elecciones, de la renovación legislativa, de la competencia entre partidos y de la diversidad de cargos sometidos al voto ciudadano. También debemos analizar sus problemas: la influencia del dinero en las campañas, la polarización, las desigualdades en el acceso al voto, las controversias sobre el Colegio Electoral y los riesgos de politización del Poder Judicial.

México tiene su propia historia, sus instituciones y sus circunstancias constitucionales. No necesita reproducir mecánicamente el sistema estadounidense ni adoptar sus mecanismos como si fueran fórmulas infalibles. Necesita construir una democracia que responda a su realidad, pero que preserve principios fundamentales: elecciones auténticas, pluralidad política, división de poderes, independencia judicial, rendición de cuentas, autoridades electorales imparciales y respeto irrestricto a los derechos ciudadanos.

Debemos preguntarnos si es conveniente que algunas autoridades locales, particularmente las responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia, tengan una relación más directa de rendición de cuentas ante la sociedad. No necesariamente significa que todos esos cargos deban elegirse popularmente en México, pero sí que sus titulares deben estar sujetos a evaluaciones públicas, transparencia y consecuencias por el desempeño de sus funciones.

La participación ciudadana: la verdadera fuerza de una democracia

Llegamos quizá al aspecto central de toda esta reflexión: la participación ciudadana. Una democracia no puede juzgarse exclusivamente por la antigüedad de su Constitución, la sofisticación de sus leyes electorales, el número de partidos políticos o la existencia de organismos encargados de organizar las elecciones. Su vitalidad también se manifiesta en el grado de involucramiento de sus ciudadanos en las decisiones públicas.

Los resultados de las elecciones presidenciales de 2024 ofrecen una referencia para comparar. En Estados Unidos, la participación electoral se estimó en un 64.3 por ciento de la población con derecho a votar, de acuerdo con el University of Florida Election Lab. En México, el Instituto Nacional Electoral reportó una participación de 61.04 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. Aunque las metodologías y los universos de referencia no son idénticos, las cifras permiten observar que ambos países enfrentan un desafío común: conseguir que una proporción cada vez mayor de sus ciudadanos se involucre en los procesos electorales.

Pero hay una diferencia importante en la estructura de participación estadounidense. Como ya se describió, los ciudadanos no solamente son convocados cada cuatro años para elegir presidente. Cada dos años tienen la oportunidad de renovar la Cámara de Representantes, una parte del Senado y, dependiendo del calendario estatal, elegir gobernadores, legisladores locales y numerosos funcionarios municipales. En muchas comunidades también participan en la selección de sheriffs, fiscales de distrito y jueces.

Es decir, la participación electoral puede extenderse a quienes tienen responsabilidades directas en la seguridad, la procuración de justicia y la impartición de justicia. Esto genera una relación particularmente interesante entre ciudadanía y gobierno: los ciudadanos tienen más oportunidades de evaluar a sus autoridades y de expresar, mediante el voto, su aprobación o inconformidad con la gestión pública.

La participación no termina el día de las elecciones. Una sociedad democrática también necesita ciudadanos que vigilen a sus representantes, exijan transparencia, cuestionen las decisiones gubernamentales, participen en organizaciones sociales, asistan a reuniones públicas y defiendan sus derechos.

Aquí vuelve a aparecer la educación como elemento fundamental. No basta con enseñar a votar; es necesario formar ciudadanos que comprendan para qué sirve su voto, qué responsabilidades tienen las autoridades que eligen y cuáles son los mecanismos legales para exigirles cuentas.

La participación electoral también debe ser informada y libre. No se trata de votar por obligación partidista, por presión social o por una recompensa, sino de ejercer un derecho con conocimiento de las consecuencias que tienen las decisiones colectivas.

México puede aprender de la experiencia estadounidense la importancia de ampliar los espacios de participación, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y acercar las decisiones públicas a las comunidades. Pero también debe reconocer que ningún sistema electoral, por avanzado que parezca, puede sustituir la responsabilidad de una ciudadanía activa. La democracia no consiste en entregar un cheque en blanco a quienes ganan las elecciones. Consiste en elegir, vigilar, evaluar y, cuando corresponda, cambiar a quienes gobiernan.

Por ello, la pregunta sobre si la democracia estadounidense puede ser útil para México debe ir acompañada de otra todavía más importante: ¿estamos dispuestos los mexicanos a participar más allá de las elecciones presidenciales y a asumir nuestra responsabilidad en la vigilancia del poder público?

Una Constitución puede establecer derechos; una ley puede fijar las reglas; un organismo electoral puede organizar y validar los comicios; y un tribunal puede resolver las controversias. Pero ninguno de ellos puede sustituir a una sociedad que no participa.

La democracia no se construye solamente con buenos gobernantes, sino con ciudadanos que no renuncian a su derecho y a su responsabilidad de intervenir en los asuntos públicos. No basta con votar cada seis años, ni con confiar ciegamente en quienes resulten electos. Es necesario participar, informarse, vigilar, exigir resultados y comprender que el poder público pertenece a la sociedad y no a quienes temporalmente lo ejercen.

La democracia se construye en las urnas, se regula mediante la Constitución y las leyes, se garantiza con instituciones creíbles, se fortalece con contrapesos, se defiende mediante ciudadanos libres y se forma en las aulas. Una democracia sin participación ciudadana puede conservar sus instituciones y sus procedimientos electorales, pero difícilmente podrá cumplir plenamente su propósito: que el pueblo sea el verdadero protagonista de su destino.

Es fundamental el derecho de elegir a quienes nos gobiernan. Este derecho consiste, sobre todo, en ejercer la responsabilidad de participar, vigilar y exigir que el poder público esté permanentemente al servicio de los ciudadanos. Porque la democracia no se demuestra por la cantidad de votos que obtiene un gobernante, sino por la capacidad de una nación para impedir que quien gana el poder termine creyéndose dueño de él.

Al final, la salud de una república no se mide por la sofisticación de sus leyes ni por el presupuesto de sus tribunales, sino por la salud de su sociedad. Ninguna Constitución y ningún organismo electoral podrán jamás suplir la apatía de una ciudadanía que abdica de su responsabilidad.

☞ Aquí puedes leer la parte II: ¿Es la democracia estadounidense un modelo que sea útil para México? (II de III partes)

☞ Y aquí la primera parte