¿Es la democracia estadounidense un modelo que sea útil para México? (II de III partes)

Segunda de tres entregas de una reflexión sobre las elecciones, las instituciones, la justicia, la educación y la participación ciudadana: las elecciones intermedias, los cargos que se votan, la elección de jueces, los resultados de 2024 y 2026 y las reglas de las campañas.

Por Juan Manuel Díaz Organitos

Las elecciones intermedias: un contrapeso al poder presidencial

En Estados Unidos, las elecciones legislativas se celebran cada dos años. Cada cuatro años, la renovación de la Cámara de Representantes y de una parte del Senado coincide con la elección presidencial. En cambio, los procesos electorales que se realizan dos años después de esos comicios presidenciales reciben el nombre de midterm elections, precisamente porque tienen lugar a la mitad del mandato del presidente en funciones. En estas elecciones se renueva la totalidad de los 435 integrantes de la Cámara de Representantes y aproximadamente una tercera parte del Senado.

También se celebran elecciones para numerosas gubernaturas, legislaturas estatales, cargos municipales y otras autoridades. Por ello, constituyen una oportunidad para que los ciudadanos evalúen el desempeño del gobierno federal, expresen su respaldo o inconformidad y modifiquen la correlación de fuerzas en el Congreso.

Las elecciones intermedias no son procesos secundarios. Constituyen un mecanismo de evaluación ciudadana que permite expresar aprobación o rechazo a las políticas gubernamentales sin esperar una nueva elección presidencial.

Esta es una de las lecciones más relevantes de la experiencia estadounidense: la democracia requiere que las mayorías sean temporales, que la oposición tenga posibilidades reales de ejercer el poder y que los contrapesos institucionales funcionen independientemente de quién ocupe la Presidencia.

¿Qué cargos se eligen mediante voto popular? La democracia llega hasta las comunidades

Una de las características más interesantes del sistema estadounidense es la amplitud de los cargos que pueden someterse a elección ciudadana. Los estadounidenses no solamente eligen al presidente, a los integrantes del Congreso y a los gobernadores. Dependiendo del estado y del condado, también pueden votar por funcionarios responsables de la seguridad pública, la procuración de justicia, la impartición de justicia y la administración de servicios locales.

En el ámbito federal, se elige al presidente, al vicepresidente, a los representantes y a los senadores.

En el ámbito estatal, se eligen gobernadores, vicegobernadores, representantes, fiscales generales, secretarios de cartera; tesoreros, contralores y otros funcionarios; jueces y magistrados estatales en las jurisdicciones que utilizan elecciones judiciales.

En los condados (ámbito municipal), se eligen alcaldes, concejales, alguaciles o sheriffs, fiscales de distrito, jueces, integrantes de juntas escolares, funcionarios de determinados distritos especiales y autoridades de servicios públicos.

Aquí encontramos una diferencia particularmente importante respecto de México: en numerosos condados estadounidenses, los ciudadanos eligen directamente al sheriff, quien tiene responsabilidades relacionadas con la seguridad pública, la administración de las cárceles del condado y la ejecución de órdenes judiciales. En otros casos el jefe de policía es designado por el alcalde. Sin embargo, el sheriff sí suele ser un cargo electivo en numerosos condados.

También es frecuente que los fiscales de distrito sean elegidos por voto popular. Estos funcionarios tienen la responsabilidad de dirigir la procuración de justicia en su jurisdicción y decidir, conforme a la ley, qué casos deben llevarse ante los tribunales.

En cuanto a los jueces, algunos estados y condados establecen elecciones partidistas o no partidistas para seleccionar a quienes integran sus tribunales. En otros lugares son nombrados mediante procedimientos institucionales.

El sistema estadounidense no concentra todas las decisiones en el gobierno federal. Existe una amplia participación ciudadana en los distintos niveles de gobierno.

La elección de jueces: una diferencia fundamental

Los jueces federales, incluidos los integrantes de la Suprema Corte, de los tribunales de apelaciones y de los tribunales de distrito, no son elegidos por voto popular. Son nominados por el presidente y requieren la aprobación del Senado. Su permanencia en el cargo está protegida constitucionalmente mientras observen buena conducta.

En cambio, la selección de jueces estatales responde a una diversidad de mecanismos. Algunos estados celebran elecciones partidistas o no partidistas; otros utilizan nombramientos del gobernador, decisiones legislativas, comisiones de evaluación o elecciones de ratificación para determinar si un juez continúa en funciones.

De acuerdo con el Brennan Center for Justice, 38 estados utilizan algún tipo de elección como parte del proceso para seleccionar a integrantes de sus tribunales estatales de mayor jerarquía. Este modelo tiene ventajas y riesgos. La participación ciudadana puede fortalecer la rendición de cuentas, pero también puede someter a los juzgadores a presiones partidistas, intereses económicos, financiamiento de campañas y opiniones populares.

La función de un juez no consiste en resolver los asuntos para obtener aplausos, sino en aplicar la Constitución y las leyes, incluso cuando sus decisiones resulten impopulares. La independencia judicial es una condición indispensable del Estado de derecho.

Esta reflexión resulta especialmente pertinente para México, que después de la reforma judicial de 2024 celebró el 1 de junio de 2025 su primera elección federal de integrantes del Poder Judicial. En ese proceso se sometieron a votación cargos de gran relevancia, entre ellos ministras y ministros de la Suprema Corte, magistraturas y personas juzgadoras federales. Una nueva etapa de renovación quedó prevista para 2027.

No se trata de afirmar que un modelo sea necesariamente superior al otro. Se trata de reconocer que la elección popular de jueces plantea exigencias particulares: información suficiente para los votantes, reglas transparentes, condiciones equitativas de competencia y garantías efectivas de independencia judicial.

La rendición de cuentas: evaluación ciudadana de quienes garantizan la seguridad y la justicia

La elección popular de autoridades locales tiene una consecuencia política de gran trascendencia: acerca la responsabilidad gubernamental al ciudadano. Cuando un sheriff, un fiscal de distrito o un juez debe someterse al voto de la población, su trayectoria y su desempeño pueden convertirse en factores determinantes para su permanencia en el cargo.

Un sheriff debe responder ante la ciudadanía por la conducción de su oficina, la seguridad del condado y el cumplimiento de sus responsabilidades legales. Un fiscal de distrito debe explicar su política de procuración de justicia, el funcionamiento de su oficina y su actuación frente a los problemas de criminalidad. Un juez que participa en elecciones debe someterse a los mecanismos de evaluación y ratificación que establezca la legislación correspondiente.

Esto genera una relación directa entre el ejercicio del cargo y la evaluación ciudadana. Quien busca continuar en sus funciones necesita presentar resultados, justificar sus decisiones y conservar la confianza de los electores.

La posibilidad de no ser reelegidos constituye un incentivo para que estos funcionarios mantengan una relación de responsabilidad frente a la comunidad.

Naturalmente, la elección popular no garantiza automáticamente una mejor administración. También puede producir incentivos negativos: un fiscal podría sentirse presionado a buscar decisiones populares, un sheriff podría privilegiar el discurso electoral sobre las políticas profesionales de seguridad y un juez podría enfrentar presiones para resolver asuntos de acuerdo con las preferencias de sus votantes.

Por eso, la rendición de cuentas debe acompañarse de controles legales, profesionalización, transparencia e independencia en el ejercicio de las funciones públicas.

No obstante, hay una lección que México podría estudiar con mayor profundidad: la responsabilidad de los servidores públicos no debe limitarse a quienes ocupan los grandes cargos políticos. También debe alcanzar a quienes tienen en sus manos funciones esenciales para la vida cotidiana de las comunidades.

La democracia no solamente consiste en elegir quién gobierna, sino en establecer mecanismos para que quienes ejercen el poder respondan por sus decisiones y resultados.

Los resultados electorales de 2024 y 2026: el voto como instrumento de equilibrio

A lo largo de su historia, Estados Unidos ha vivido elecciones que modificaron profundamente el rumbo de la nación. Franklin D. Roosevelt fue elegido presidente en cuatro ocasiones, durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Su prolongada permanencia en el poder impulsó posteriormente la aprobación de la Vigésima Segunda Enmienda, que estableció el límite de dos periodos presidenciales electos.

La cerrada contienda entre John F. Kennedy y Richard Nixon en 1960, la controversia electoral entre George W. Bush y Al Gore en 2000, la llegada de Barack Obama a la Presidencia en 2008 y el triunfo de Donald Trump en 2016, pese a haber obtenido menos votos populares que Hillary Clinton, son ejemplos de la complejidad del sistema.

En 2020, Joe Biden derrotó a Donald Trump en una elección marcada por una fuerte polarización política. Cuatro años después, Trump regresó a la Casa Blanca al imponerse a Kamala Harris en 2024, con 312 votos electorales frente a 226.

De acuerdo con las proyecciones y los conteos reportados por la agencia Associated Press, las elecciones de noviembre de 2026 volvieron a demostrar la capacidad del electorado para modificar el equilibrio político nacional, logrando el Partido Demócrata recuperar el control de ambas cámaras del Congreso. Al 12 de noviembre, los datos oficiales y las proyecciones le atribuían 255 de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 55 de los escaños del Senado, sumando los 21 obtenidos en esta jornada a los 34 que no se renovaban. Por su parte, el Partido Republicano contaba con 169 representantes y 44 senadores —integrados por 13 triunfos en los comicios más 31 escaños que conservaban su puesto—, mientras que 11 distritos de la Cámara Baja y la contienda senatorial de Alaska permanecían aún pendientes de definición. Según los análisis electorales difundidos por diversos medios estadounidenses, estos resultados representan un cambio significativo en el balance de poder de Estados Unidos y configuran un nuevo contrapeso legislativo frente al gobierno del presidente Donald Trump, aunque otros observadores señalan que el desenlace final de las contiendas pendientes determinará el margen exacto de maniobra para ambas fuerzas políticas.

También consiguieron importantes avances en las gubernaturas: cambiaron de partido cinco gobiernos estatales, de acuerdo con el balance electoral de los resultados reportados. Se registraron además cambios relevantes en legislaturas estatales y en cargos de procuración de justicia.

La trascendencia de estos resultados va mucho más allá de la distribución de los escaños. Demuestran que un presidente puede obtener un mandato para gobernar, pero no tiene garantizado conservar el respaldo legislativo durante todo su periodo. Queda claro que los ciudadanos tienen la posibilidad de modificar la composición del Congreso, limitar la capacidad política del Ejecutivo, exigir explicaciones y alterar la agenda legislativa nacional. En otras palabras, el voto no solamente sirve para elegir gobernantes: también funciona como instrumento de equilibrio, evaluación y control del poder.

Las campañas electorales y las reglas de la competencia democrática

Otro aspecto fundamental de la democracia estadounidense es la regulación de las campañas electorales. Una elección verdaderamente democrática no consiste únicamente en permitir que los ciudadanos voten, sino en garantizar que quienes compiten lo hagan bajo reglas claras, equitativas y conocidas de antemano. En Estados Unidos existen disposiciones federales y estatales que regulan el financiamiento de las campañas, las aportaciones de particulares y organizaciones, la publicidad política, la divulgación de determinados gastos y las restricciones aplicables a los candidatos y partidos.

La Comisión Federal Electoral supervisa los aspectos relacionados con el financiamiento de las elecciones federales, mientras que las autoridades estatales regulan numerosos aspectos de las contiendas locales.

También existen disposiciones sobre debates, propaganda, acceso a medios y transparencia, aunque sin un modelo único para todo el país. Este sistema tiene importantes desafíos, particularmente por la influencia de los grandes donantes, los comités de acción política, el gasto independiente y la publicidad digital. La lección para México es que no basta con establecer límites al gasto o distribuir tiempos oficiales: es necesario garantizar que las campañas sean transparentes, que los recursos tengan un origen legítimo, que exista igualdad de oportunidades para competir y que la ciudadanía pueda conocer quién financia a los candidatos y qué intereses pueden estar detrás de sus propuestas. Las elecciones deben ser una competencia de proyectos, capacidades y propuestas, no una contienda en la que la cantidad de dinero, el poder económico u organizaciones criminales determinen quién tiene mayores posibilidades de ganar.

☞ Aquí puedes leer la I de III partes: ¿Es la democracia estadounidense un modelo que sea útil para México?