¿Es la democracia estadounidense un modelo que sea útil para México?

Primera de tres entregas de una reflexión sobre las elecciones, las instituciones, la justicia, la educación y la participación ciudadana, que arranca con la historia electoral de Estados Unidos, su Constitución y el papel del árbitro.

Por Juan Manuel Díaz Organitos

La democracia estadounidense suele presentarse como una de las experiencias políticas más antiguas y consolidadas del mundo contemporáneo. Su Constitución, promulgada en 1787, y sus instituciones electorales han sobrevivido a guerras, crisis económicas, conflictos sociales, transformaciones culturales y profundas disputas ideológicas. Sin embargo, su longevidad no significa que sea un sistema perfecto ni que sus mecanismos puedan trasladarse automáticamente a otras naciones.

La pregunta que debemos plantearnos no es si Estados Unidos tiene una democracia superior a la mexicana, sino qué podemos aprender de su experiencia, de sus aciertos y también de sus contradicciones. Para responderla es necesario analizar no solamente cómo eligen a sus gobernantes, sino también quién establece las reglas, quién vigila su cumplimiento, quién valida los resultados, qué cargos se someten al voto popular y, sobre todo, qué papel desempeñan la educación y la participación ciudadana en el funcionamiento de sus instituciones.

Una historia electoral en permanente transformación

La primera elección presidencial estadounidense se celebró entre 1788 y 1789. George Washington fue elegido prácticamente por unanimidad por el Colegio Electoral. Aquel proceso distaba mucho de representar una democracia universal: el derecho al voto estaba restringido, principalmente, a los hombres blancos y, en numerosos estados, a quienes reunían determinados requisitos de propiedad. La historia electoral estadounidense es también la historia de la ampliación de los derechos políticos.

En 1800, la elección entre John Adams y Thomas Jefferson puso a prueba la continuidad institucional y permitió una transferencia pacífica del poder entre adversarios políticos. Fue un acontecimiento fundamental para demostrar que la competencia electoral podía resolver una disputa por el gobierno sin recurrir a la violencia.

La abolición de la esclavitud y las reformas constitucionales posteriores modificaron gradualmente el panorama. Estos acontecimientos permiten comprender que la democracia no fue una concesión espontánea de las instituciones, sino el resultado de prolongadas luchas sociales para ampliar la participación ciudadana.

Una Constitución que ha sabido modificarse

Un aspecto de la experiencia estadounidense que merece especial atención es la capacidad de modificar su ley suprema mediante procedimientos constitucionales, sin sustituirla por completo. La Constitución de Estados Unidos fue aprobada en 1787, ratificada en 1788 y entró en vigor en 1789. Desde entonces ha incorporado 27 enmiendas al mismo texto constitucional a lo largo de casi 239 años desde su entrada en vigor.

Las primeras diez, conocidas como Bill of Rights o Declaración de Derechos, fueron ratificadas el 15 de diciembre de 1791. La Decimoquinta Enmienda, ratificada en 1870, prohibió negar el voto por motivos de raza, color o condición previa de servidumbre; sin embargo, durante décadas persistieron mecanismos de discriminación que impidieron ejercer ese derecho a millones de ciudadanos afroamericanos.

En 1920, la Decimonovena Enmienda reconoció el sufragio femenino. La Ley de Derechos Electorales de 1965 fortaleció la protección del voto frente a prácticas discriminatorias, y en 1971 la Vigésima Sexta Enmienda redujo de 21 a 18 años la edad mínima para votar. La más reciente, la Vigésima Séptima Enmienda, fue ratificada el 7 de mayo de 1992.

Estas enmiendas demuestran que una democracia necesita instituciones capaces de evolucionar. El procedimiento para modificar la Constitución está establecido en su artículo V. Una enmienda puede ser propuesta por dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso o mediante una convención solicitada por dos terceras partes de las legislaturas estatales. Para incorporarse definitivamente debe ser ratificada por tres cuartas partes de los estados, es decir, 38 de los 50.

Este mecanismo revela una combinación de estabilidad y capacidad de adaptación. La Constitución conserva sus principios fundamentales, pero no permanece inmóvil frente a las transformaciones sociales y políticas.

La lección para México no consiste en reformar constantemente una Constitución, sino en comprender que su permanencia no debe confundirse con inmovilidad. La estabilidad constitucional exige mecanismos legítimos para corregir, actualizar y perfeccionar el orden jurídico.

Las reglas, el árbitro y la credibilidad de las instituciones

En toda competencia democrática existen tres elementos indispensables: las reglas del juego, el árbitro que vigila su cumplimiento y la confianza de los participantes en que ambos actuarán con imparcialidad.

En una elección, las reglas no se limitan a las disposiciones que establecen quién puede votar, cómo se registran las candidaturas, de qué manera se emiten los sufragios y cómo se distribuyen los cargos. También comprenden la Constitución, las leyes electorales, los reglamentos y las disposiciones administrativas que determinan las atribuciones de cada autoridad.

En Estados Unidos, las reglas electorales tienen su fundamento en la Constitución federal, las leyes aprobadas por el Congreso y las legislaciones de los estados.

Esta característica establece una diferencia importante con México. Estados Unidos no tiene un organismo electoral nacional equivalente al Instituto Nacional Electoral que organice y valide por sí solo todas las elecciones. Su sistema distribuye esas responsabilidades entre autoridades federales, estatales y locales.

La administración cotidiana de las elecciones recae principalmente en autoridades estatales y locales. Son ellas las que organizan las jornadas electorales, administran los centros de votación, reciben y cuentan los sufragios y realizan los procedimientos de revisión y certificación correspondientes.

En el ámbito federal existen organismos con responsabilidades específicas:

La Comisión de Asistencia Electoral proporciona apoyo técnico, orientación y estándares para mejorar la administración electoral.

La Comisión Federal Electoral supervisa principalmente el financiamiento de las campañas y elecciones federales.

El Departamento de Justicia protege los derechos electorales y vigila el cumplimiento de las leyes federales correspondientes.

Los tribunales estatales y federales resuelven las controversias electorales que llegan a su conocimiento.

En la elección presidencial también existe un procedimiento constitucional específico para la emisión y contabilización de los votos del Colegio Electoral. Pero más allá de la distribución de competencias existe un factor decisivo: la credibilidad de las instituciones.

Una autoridad electoral no obtiene legitimidad simplemente porque la Constitución o una ley le otorgue facultades. La construye mediante su desempeño: imparcialidad, profesionalismo, transparencia, independencia frente a los partidos, publicación oportuna de resultados, acceso a la observación electoral, mecanismos de auditoría y capacidad para atender impugnaciones.

La confianza ciudadana también depende de que los contendientes acepten las reglas antes de participar, respeten los procedimientos de revisión y reconozcan los resultados cuando las autoridades competentes los hayan determinado conforme a derecho.

Esto no significa que el sistema estadounidense esté libre de controversias. La polarización política, las acusaciones de fraude, las disputas sobre las reglas del voto y las presiones sobre las autoridades electorales han puesto a prueba su credibilidad. Precisamente por ello, la confianza no debe considerarse una condición permanente: necesita renovarse y defenderse en cada proceso electoral.

Un árbitro que no inspira confianza puede convertir una competencia legítima en una disputa interminable. Y una elección cuyos resultados no son reconocidos por una parte significativa de la sociedad termina debilitando la legitimidad de las instituciones, incluso cuando se hayan cumplido formalmente los procedimientos.

La enseñanza para México es fundamental: no basta con tener buenas leyes ni con crear organismos electorales. Se necesita que quienes los integran sean independientes, que sus decisiones puedan verificarse y que la ciudadanía tenga razones objetivas para confiar en esas autoridades.

¿Cómo se elige al presidente de Estados Unidos?

El sistema de elección presidencial de los Estados Unidos combina la voluntad popular estatal con el equilibrio federal. Una de las particularidades de su sistema político es el Colegio Electoral. Aunque las ciudadanas y los ciudadanos acuden a las urnas para expresar su preferencia por un candidato a la Presidencia, técnicamente emiten un voto indirecto para elegir a una lista de electores. Son estos electores quienes posteriormente componen el Colegio Electoral y determinan formalmente la fórmula que asumirá la Presidencia de Estados Unidos.

El Colegio Electoral consta de 538 electores, y un candidato necesita obtener al menos 270 votos electorales para ganar la Presidencia. En 48 estados y el Distrito de Columbia se aplica la regla de “el ganador se lo lleva todo”: la candidatura con más votos populares en esa jurisdicción obtiene la totalidad de sus votos electorales. Por el contrario, Maine y Nebraska emplean el método por distrito congresional: otorgan 2 votos electorales al ganador del voto popular estatal (correspondientes a los senadores) y 1 voto electoral al vencedor de cada distrito congresional. Esta mecánica explica por qué es posible ganar la Presidencia sin obtener la mayoría del voto popular nacional (como ocurrió en las elecciones de 2000 y 2016).

El total de 538 votos electorales se desglosa a partir de la representación en el Congreso federal:

100 senadores: 2 por cada uno de los 50 estados (sin importar su población).

435 representantes: distribuidos entre los 50 estados en función de su población.

3 votos para Washington D.C.: asignados mediante la Enmienda 23 de la Constitución (el número equivalente al estado menos poblado).

Cada estado recibe automáticamente 3 votos electorales como mínimo (sus 2 senadores + al menos 1 representante en la Cámara Baja). Los votos adicionales dependen exclusivamente de los escaños que le correspondan en la Cámara de Representantes. Cada diez años, el censo decenal recalcula la población del país y distribuye proporcionalmente los escaños de la Cámara entre los estados.

Ejemplo: California aporta la mayor cantidad de votos electorales en todo el país (54 en el mapa electoral posterior al Censo de 2020) por las siguientes razones:

1. Es el estado más poblado con aproximadamente 39 millones de habitantes y representa cerca del 11.6 por ciento de la población total del país.
2. Debido a su población se le asignan 52 escaños en la Cámara de Representantes.
3. Al sumar sus 52 representantes y sus 2 senadores, California alcanza una delegación congresional de 54 miembros, lo que se traduce directamente en 54 votos electorales.

En comparación, estados con escasa población como Wyoming o Vermont tienen solo 1 representante en la Cámara Baja y 2 senadores, por lo que cuentan únicamente con el mínimo constitucional de 3 votos electorales.

¿Cómo se elige el Congreso de Estados Unidos?

El Congreso, por su parte, está integrado por dos cámaras. La Cámara de Representantes cuenta con 435 integrantes, elegidos directamente por los ciudadanos en distritos electorales y por periodos de dos años. El Senado tiene 100 miembros, dos por cada estado, con mandatos de seis años y renovación aproximada de una tercera parte cada dos años.

Los senadores no siempre fueron elegidos directamente por la ciudadanía. La Decimoséptima Enmienda, ratificada en 1913, estableció su elección mediante voto popular.

En la mayoría de las elecciones legislativas estadounidenses no se exige obtener más del 50 por ciento de los sufragios: basta con conseguir más votos que los demás contendientes. Algunos estados, sin embargo, contemplan segundas vueltas, umbrales de mayoría o mecanismos de voto preferencial. También se elige directamente a gobernadores, legisladores estatales y numerosos funcionarios locales, aunque las reglas varían entre estados y municipios.