La presidenta dice que el complejo está casi al 90 por ciento construido. Según la entonces titular de Seguridad, seguía inconcluso en 2024, tras más de 10 mil millones de pesos destinados en administraciones anteriores.
Redacción Sie7eDíasNoticias
CIUDAD DE MÉXICO. — La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quiere comprar el penal de Papantla, un complejo cuya construcción comenzó en 2001 y que, dijo, está casi al 90 por ciento terminado.
Antes de negociar la adquisición, su administración revisará los recursos destinados al proyecto y las condiciones del contrato firmado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, anunció este viernes 23 de octubre en “La Mañanera del Pueblo”.
“El de Papantla, como está casi al 90 por ciento construido, lo que nosotros queremos es adquirirlo”, declaró.
La mandataria explicó que el propósito es concluir las instalaciones y ponerlas en operación bajo un modelo distinto al de las asociaciones público-privadas (APP), mediante las cuales empresas particulares construyen y administran centros penitenciarios a cambio de pagos del Gobierno federal.
Avalúo, pagos y contacto con la empresa
Para determinar la viabilidad de la compra, Sheinbaum solicitó a la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, coordinarse con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar un avalúo, revisar los pagos efectuados y establecer contacto con la empresa responsable del proyecto.
La presidenta indicó que primero deberá establecerse cuánto dinero ha desembolsado la Federación, cuál es el valor actual de las instalaciones y qué recursos adicionales se requieren para terminar la construcción.
Señaló que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se renegociaron contratos de otros centros penitenciarios construidos bajo el esquema de APP, con lo que los pagos del Gobierno se redujeron prácticamente a la mitad.
Más de 20 años de obra y un contrato de 22 años
El centro penitenciario se ubica en la comunidad de Gildardo Muñoz, en el municipio de Papantla. Los trabajos comenzaron en la administración estatal de Miguel Alemán Velasco y después recibieron recursos federales para continuar.
Las instalaciones se presentaron públicamente en 2012, durante el gobierno de Felipe Calderón, pero el penal no comenzó a recibir personas privadas de la libertad.
En julio de 2018, ya con Peña Nieto, se firmó un contrato de asociación público-privada con la empresa Servicios Infraestructura y Tecnología Papantla para la construcción, rehabilitación, adecuación y equipamiento del complejo.
De acuerdo con la Cuenta Pública 2024, el contrato se estableció por 22 años, con un valor presente de 15 mil 817 millones de pesos. Para ese ejercicio fiscal, el proyecto seguía registrado en etapa de ejecución.
En marzo de 2024, la entonces secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, reconoció que el penal permanecía inconcluso, pese a que en administraciones anteriores se habían destinado más de 10 mil millones de pesos. También informó sobre una investigación federal relacionada con el ejercicio de los recursos asignados a la construcción.
El interés por adquirir el inmueble ocurre en medio de los planteamientos del Gobierno federal para ampliar la capacidad penitenciaria del país ante la sobrepoblación, entre ellos la propuesta de construir seis centros de reclusión.
