Por Fanny Yépez
Medios de comunicación impresos, electrónicos, portales digitales, periodistas y columnistas, mostraron su rechazo al pretendido censo de periodistas en Veracruz, que supuestamente permitirá certificar a los verdaderos profesionales de la comunicación.
Los críticos advierten que lo que se busca es controlar el gremio y coartar la libertad de expresión que es un derecho constitucional.
La gobernadora Rocío Nahle respaldó que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) elabore el padrón de periodistas para identificar a quienes ejercen la labor informativa y evitar excesos o difamaciones.
Casi de inmediato el gremio manifestó un rechazo a este procedimiento; diversos sectores de periodistas acusan que la medida pretende limitar las voces críticas, vulnerar la privacidad o seguridad de los comunicadores.
La justificación oficial del censo
De acuerdo con las declaraciones de la titular del Ejecutivo, el censo busca cumplir con los siguientes puntos: frenar excesos, evitar la propagación de difamaciones, mentiras o manipulaciones que afecten a la sociedad o a terceros.
También identificar comunicadores auténticos para distinguir a los periodistas profesionales de personas ajenas al gremio o “pseudo comunicadores”, retomar la ética, restablecer el profesionalismo y asegurar el respaldo institucional a quienes realizan labor informativa legítima.
Los riesgos que advierte el gremio
La iniciativa ha encendido el debate y generado un amplio rechazo entre diversas asociaciones de periodistas y comunicadores que colocaron sobre la mesa los riesgos de ese censo por las siguientes razones: riesgo de control y censura a periodistas en Veracruz.
Los sectores de la prensa acusan que el padrón podría utilizarse como una herramienta para certificar solo a voces afines y excluir a periodistas críticos. Con ello advierten que se vulneran los datos personales de los comunicadores.
Esto resulta especialmente crítico en Veracruz, considerado históricamente uno de los estados más peligrosos del país para ejercer el periodismo.
El precedente de la “Ley Sansores” en Campeche
Los periodistas comparan esta pretendida acción con la “Ley Sansores” que se aplica en el estado de Campeche; en esa entidad del sur del país, las acciones y polémicas legales impulsadas por la administración de Layda Sansores en periodistas y medios críticos incluyen medidas como la imposición de un censor judicial y acusaciones de acoso a la prensa.
Organismos como Artículo 19 han denunciado un entorno hostil, medidas y conflictos, por ese censor judicial. Un juzgado en Campeche ordenó la asignación de un supervisor para revisar notas previas a su publicación y restringir menciones hacia la gobernadora del periodista Jorge González Valdés.
En aquella entidad, organizaciones civiles y medios han advertido que estas acciones buscan limitar la cobertura sobre servidores públicos y fomentar la autocensura.
Hay que resaltar que representantes de medios recuerdan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que los registros estatales obligatorios para ejercer el periodismo contravienen la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que la labor informativa no debe depender de autorizaciones gubernamentales.
Veracruz, el estado más peligroso para la prensa
El estado de Veracruz ha acumulado la cifra más alta de homicidios contra comunicadores en todo el país. Organizaciones internacionales de derechos humanos como Artículo 19 en México confirman que, desde el año 2000 a la fecha, la entidad registra 34 asesinatos de periodistas vinculados a su labor informativa. La situación se mantiene crítica en 2026, ya que tres de los cuatro asesinatos de comunicadores reportados en el país durante este año ocurrieron en territorio veracruzano: el secuestro y posterior asesinato de la periodista Roxana Guzmán Ramírez en la zona sur, el homicidio a tiros de Luis Ángel López Valdez y el de Carlos Leonardo Ramírez, ambos en Poza Rica.
Detrás de Veracruz, las entidades con mayor número de informadores asesinados son Guerrero (20 casos) y Chihuahua (15 casos).
Tanto Artículo 19 como Reporteros Sin Fronteras (RSF), exponen que ejercer el periodismo en Veracruz es una actividad de alto riesgo debido a factores sistémicos recurrentes y la impunidad sistémica.
Frecuentemente las investigaciones apuntan a nexos de complicidad o amenazas directas provenientes tanto de autoridades políticas y corporaciones policiacas locales como de células del crimen organizado.
Las agresiones suelen acompañarse de discursos que minimizan o criminalizan la vida personal de las y los periodistas, las víctimas tras ocurrir los ataques, restándole peso a sus investigaciones periodísticas.
Qué lamentable que los que dijeron ser distintos, resultan más sensibles a la prensa y de piel más delgada que los anteriores, que reconocían sus errores y buscaban la forma de enmendarlos; cuando era imposible defender un error, de plano daban de baja al causante de ese daño.
Ahora cuando se hace un señalamiento, una denuncia o una queja de la sociedad, tratan de darle el carpetazo e ignorar esa publicación, pero no solo eso, se ofenden y acusan que son los reporteros (carroñeros) los que provocan la irritación social.
No hay que olvidar que a la prensa se le llama el “cuarto poder”, porque actúa como un contrapeso social que se suma a los tres poderes clásicos del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
La frase popular se le atribuye al pensador inglés Edmund Burke en el siglo XVIII, quien señaló que los periodistas en la tribuna del Parlamento formaban un grupo con más influencia real que los otros sectores tradicionales (rey, clero y pueblo).
Tampoco hay que olvidar que los que están hoy en el gobierno, antes fueron pueblo y deseaban que alguien le dijera sus verdades a esos poderosos, que cometían atropellos, desvíos de recursos y abusos de poder. El político debe estar abierto a la crítica.
La Columna, escrita por Fanny Yépez Luna, es un espacio de opinión con mirada aguda y conciencia social. Desde un enfoque directo y ético, desmenuza la agenda pública con atención especial a la desigualdad, el abuso de poder y las fracturas institucionales. Su voz es firme, crítica y comprometida con los derechos humanos, siempre del lado de quienes suelen ser ignorados en el discurso oficial.
