Por Fanny Yépez
Tras la publicación de los nuevos lineamientos para la defensa de las audiencias y la regulación de contenidos en los medios de comunicación, se ha generado un fuerte debate legal. Se prevé la promoción de múltiples juicios de amparo por parte de concesionarios, periodistas y organizaciones civiles, quienes advierten posibles restricciones a la libertad de expresión y una invasión a la autonomía editorial.
Especialistas y juristas advierten que las reglas para definir contenidos “falsos” o “descontextualizados” son ambiguas y otorgan un poder discrecional al Estado para censurar de forma indirecta.
El amparo, un recurso de defensa, no un requisito para ejercer el periodismo
Se argumenta que las obligaciones impuestas a los códigos de ética y defensorías vulneran la libertad programática protegida por la ley de telecomunicaciones, mientras que gremios periodísticos consideran el amparo como el recurso legal idóneo para frenar lo que califican como un control excesivo sobre la información.
Sin embargo, expertos en materia legal señalan que, aun cuando se presenten numerosas demandas de amparo, obtener resoluciones favorables podría ser complejo debido al contexto actual y las recientes modificaciones en la estructura y criterios de los órganos de justicia.
El amparo es un instrumento de defensa personal o gremial ante actos de autoridad concretos (como estigmatización o censura), nunca un requisito previo para ejercer el periodismo o redactar una nota.
La Constitución protege la libertad de expresión desde hace 169 años
La libertad de prensa y de expresión están protegidas por la Constitución mexicana, sin que ninguna ley condicione la publicación de información a la posesión de un recurso de amparo en sus artículos sexto y séptimo. Sin embargo, tal parece que al gobierno federal este precepto no le interesa.
El artículo 6 apareció primero en la Constitución de 1857 y el texto casi íntegro se llevó a la Constitución de 1917, es decir, desde hace 169 años los mexicanos hemos recibido esa garantía en la libertad de expresión, y ahora la quieren vulnerar, sin ver el esfuerzo de hombres y mujeres que nos dieron esa libertad.
En el fondo, el debate refleja un choque constante entre las normativas orientadas a la protección de las audiencias y los límites constitucionales que resguardan el derecho a informar libremente.
Artículo 19: “el Estado no debe ser árbitro de la verdad”
Varias organizaciones, entre ellas Artículo 19, han alzado la voz descalificando esta medida que trata de intimidar o censurar a los medios.
La organización Artículo 19 rechaza los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias porque el Estado pretende actuar como árbitro de la verdad. Advierte que las multas y la presión regulatoria fomentan la autocensura y vulneran la libertad de expresión en medios de radio y televisión.
Las fuertes sanciones económicas y el control normativo obligan a los medios y periodistas a cambiar su manera de informar por miedo a castigos. En los hechos, una autoridad gubernamental termina por decidir qué contenido es falso, verdadero o carece de contexto adecuado.
Los ordenamientos van en contra de la Constitución y de varios tratados internacionales firmados por el país, y se entrometen de forma directa en las decisiones internas y en el trabajo crítico de la prensa.
Las demandas del gremio periodístico
Entre las exigencias de periodistas y medios de comunicación destacan dejar los códigos de ética como normas de autorregulación interna y no como pretextos para multas; evitar que se obligue a los medios a borrar o cambiar materiales que ya se publicaron; cambiar las sanciones y castigos por recomendaciones públicas o derechos de respuesta; y proteger de forma absoluta el secreto profesional y las fuentes de los comunicadores.
Aumentan los mensajes intimidantes contra periodistas señalados
Sobre la lista de comunicadores críticos al sistema, Artículo 19 advirtió además que señalar públicamente a periodistas puede generar un clima de hostilidad e intolerancia hacia el gremio y provocar efectos inhibitorios, como que periodistas o ciudadanos se abstengan de participar en el debate público por temor a ser exhibidos o acosados.
Afirmó que en las últimas 48 horas aumentaron los mensajes intimidantes contra periodistas y medios incluidos en las listas difundidas, con etiquetas como #PrensaVendida, #ChayoteroMercenario y #MediosSicarios, en las que se les acusa de recibir beneficios económicos o instrucciones de gobiernos extranjeros.
Tal parece que se implementó un “nado sincronizado” para descalificar y arremeter contra los periodistas críticos y esto puede provocar agresiones verbales y físicas a los periodistas, a quienes se les pretende acusar de todos los errores en que han incurrido los gobiernos en sus distintos niveles.
La Columna, escrita por Fanny Yépez Luna, es un espacio de opinión con mirada aguda y conciencia social. Desde un enfoque directo y ético, desmenuza la agenda pública con atención especial a la desigualdad, el abuso de poder y las fracturas institucionales. Su voz es firme, crítica y comprometida con los derechos humanos, siempre del lado de quienes suelen ser ignorados en el discurso oficial.
