María González
XALAPA, Ver. — El alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, compareció este jueves ante la Comisión Instructora del Congreso de Veracruz, en el marco del procedimiento de desafuero solicitado en su contra por la Fiscalía General del Estado (FGE). El presidente municipal llegó acompañado de sus abogados e ingresó al auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, sede de la audiencia de pruebas y alegatos.
Hasta antes de esta audiencia, Bravo Montero no se había presentado ante la comisión y había delegado su defensa en sus abogados.
A su ingreso, reporteros le preguntaron sobre versiones que señalaban que había dejado de despachar en el ayuntamiento y abandonado el municipio. Bravo Montero no respondió y continuó sin aclarar si permanece al frente de la administración municipal.
El edil tampoco fijó una postura sobre la investigación de la Fiscalía, la solicitud para retirarle el fuero ni los argumentos que presentaría durante la comparecencia.
La FGE pidió al Congreso declarar la procedencia penal contra Bravo Montero por su posible relación con la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de su escolta, Ignacio López, quienes fueron vistos por última vez el 14 de mayo, después de acudir a un inmueble relacionado con el alcalde en Barra de Chachalacas, municipio de Úrsulo Galván.
De acuerdo con la información entregada al Congreso, Ramos Sánchez habría comunicado previamente a su pareja que el presidente municipal lo citó para presentarle a una persona identificada como jefe de plaza. La investigación señala que cámaras de vigilancia captaron la llegada de la camioneta en la que viajaban el empresario y su escolta, pero no registraron la salida de las víctimas ni del vehículo.
La Fiscalía también incorporó registros telefónicos que ubican los celulares de Ramos Sánchez, López y Bravo Montero en la misma zona durante cerca de tres horas. El expediente incluye, además, la declaración de un familiar de las víctimas, quien sostuvo que, días después de la desaparición, el alcalde le solicitó la factura de la camioneta utilizada por Ramos Sánchez y López.
Antes de la audiencia, los abogados de Bravo Montero habían entregado ante la Comisión Instructora los documentos y argumentos con los que buscan responder a los señalamientos de la Fiscalía.
