Por Fanny Yépez
El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Organismo Público Local Electoral (OPLE), al parecer, padecen de una grave ceguera: no ven los actos anticipados de campaña ni las campañas adelantadas en Veracruz que están realizando los aspirantes, candidatos locales y federales en el estado, donde las y los suspirantes, con absoluto descaro y a la luz de todos, realizan proselitismo sin que ambas instituciones apliquen los correctivos que detengan estas acciones.
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Esta actitud coloca en evidencia a los árbitros de la contienda, porque es evidente que favorecen a determinados partidos políticos y esto, por supuesto, vulnera la democracia y enrarece el proceso electoral.
La ley electoral y los vacíos que aprovechan los aspirantes
¿Qué dice la ley electoral? De acuerdo con el artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), se consideran actos anticipados las expresiones realizadas bajo cualquier modalidad que contengan llamados expresos al voto (a favor o en contra) o solicitudes de apoyo para contender en un proceso, antes de que este inicie formalmente.
El debate sobre la simulación. En años recientes, estas prácticas han generado controversias tras los procesos internos de partidos políticos (como Morena y la oposición), que nombran “coordinadores” o realizan recorridos nacionales para posicionar figuras políticas previo a las fechas establecidas por el Instituto Nacional Electoral (INE). Críticos y expertos señalan que esta estrategia, a menudo, opera con “lagunas legales” y simula procesos internos para eludir las restricciones de fiscalización de campañas políticas y los tiempos de campaña.
Algunos medios de comunicación han cuestionado si esta autoridad está “ciega” y “sorda” ante las campañas adelantadas, que, a todas luces y con gran cinismo, se observa que realizan varios suspirantes de diversos partidos, principalmente de Morena, PVEM y del Partido del Trabajo.
El Instituto Nacional Electoral (INE) carece actualmente de reglas claras para fiscalizar las campañas políticas adelantadas rumbo a las elecciones 2027 en Veracruz y en el resto del país.
Especialistas, exconsejeros y miembros del propio organismo advierten que esta falta de regulación genera un vacío legal que permite la promoción anticipada sin consecuencias económicas ni jurídicas.
El vacío legal en el INE, sin fiscalización, se da porque no existen lineamientos específicos para vigilar el origen y destino del dinero utilizado en actos anticipados.
El árbitro de la contienda está absolutamente ausente; no ve ni escucha. El consejero electoral Arturo Castillo alertó que el INE actúa como un “árbitro que no está arbitrando un partido que empezó hace ya mucho”.
Los aspirantes aprovechan precisamente estos huecos normativos para posicionar su imagen pública antes de los tiempos legales.
La fiscalización pendiente rumbo a las elecciones de 2027
Actualmente se observa con claridad la movilización masiva de más de 300 militantes de Morena realizando recorridos en sus respectivos estados, incluyendo Veracruz. La estrategia territorial consiste en organizar actos públicos, repartir propaganda y movilizar simpatizantes.
El activismo anticipado se enfoca en posicionar perfiles para competir por las 17 gubernaturas que se renovarán en los comicios de 2027, incluido el proceso político que desde ahora comienza a perfilarse en Veracruz.
Consecuencias y sanciones. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través de su Sala Especializada, es el encargado de resolver si existieron infracciones y sancionarlas. Las consecuencias por cometer actos anticipados de manera grave y dolosa incluyen multas, la cancelación del registro de la candidatura o incluso la anulación de una elección; pero tal parece que los suspirantes están blindados o protegidos y se conducen con toda impunidad, realizando proselitismo anticipado. Pareciera que las autoridades electorales los protegen.
Este domingo, precisamente, el periódico La Jornada publicó una nota al respecto donde señala que los partidos políticos (salvo los dos nuevos, con registro desde el mes pasado) comenzaron procesos internos formales e informales rumbo a la selección de sus candidatos para 2027. Este banderazo se dio al menos medio año antes del inicio oficial de las precampañas y nueve meses previos al arranque de la etapa proselitista.
El fenómeno, ahora conocido en la jerga partidista como “pre-pre-precampaña”, no está regulado en la Constitución o en la ley. Se realiza con base en una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), emitida en 2023, precisamente frente a las estrategias de los políticos para despuntar desde ahora hacia las candidaturas.
En julio de aquel año, la Sala Superior del TEPJF concluyó que los “procesos políticos partidistas inéditos”, en ese momento de Morena y del frente opositor, no eran ilegítimos y, por tanto, podían continuar, siempre que se ajustaran a los límites constitucionales.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón aseveró entonces que “es legítimo que los partidos puedan tener filtros y llevar a cabo una serie de acciones para valorar las características de sus liderazgos”.
El TEPJF ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) generar lineamientos generales para regular y fiscalizar estos procesos.
El consejero Arturo Castillo Loza, quien desde marzo pasado ha insistido varias veces y por diferentes vías en la necesidad de aprobar un marco normativo más robusto, con consecuencias en el proceso electoral 2026-2027, que comienza la primera semana de septiembre próximo, señaló que el objetivo es fiscalizar desde ahora los gastos, pero, sobre todo, que el INE sea árbitro en un juego que ya arrancó.
“Y en caso de que se llegaran a acreditar actos anticipados de precampaña o campaña, los gastos involucrados en esos actos podrían ser sumados a los topes de gastos de campaña correspondientes; esto tendría un efecto sobre la regulación y la protección de la equidad en la contienda”, comentó.
De todo esto, de comprobarse la violación, a los titulares del INE y OPLE Veracruz, Sergio Vera Olvera y Marisol Alicia Delgadillo Morales, se les podría fincar responsabilidad penal por omisión.
La Columna, escrita por Fanny Yépez Luna, es un espacio de opinión con mirada aguda y conciencia social. Desde un enfoque directo y ético, desmenuza la agenda pública con atención especial a la desigualdad, el abuso de poder y las fracturas institucionales. Su voz es firme, crítica y comprometida con los derechos humanos, siempre del lado de quienes suelen ser ignorados en el discurso oficial.
