Teresa Carbajal
Aunque el error de diciembre del año de 1994 tratemos de dejarlo en el olvido, cada vez que surgen nuevos casos de víctimas de aquellos años, en donde las deudas se elevaron de manera tan exorbitante que se hicieron impagables, volvemos a pensar qué pasó, por qué no se habló con la verdad. La cartera vencida de 1994 sigue apareciendo en historias que muestran que sus efectos aún alcanzan a numerosas familias.
El rescate bancario y las promesas incumplidas
¿Por qué, con el rescate bancario, no se pensó en todos los involucrados, sobre todo en aquellos que tenían créditos abiertos? Los que, sin duda, iban a salir perjudicados por verdades a medias.
A muchos incluso se les dejó confiar en que, si reestructuraban sus cuentas a UDI’s, iban a “blindar” sus pesos y los saldos remanentes no subirían de valor. La verdad se descubrió años después, cuando vino el aumento anual (y diario) de las unidades de inversión. Aquellos créditos en UDI terminaron convirtiéndose en una carga que muchas familias no pudieron sostener.
A otros se les permitió creer que, con el Fobaproa, se iban a pagar las cuentas pendientes. Nada más alejado de la realidad, pues ese no era el fin de aquel episodio histórico de nuestra economía. Con el paso del tiempo quedó claro cómo afectó el Fobaproa a los deudores que esperaban una solución definitiva.
A otros se les aconsejó dejar de pagar hasta que hubiera una solución. Desafortunadamente, la ‘declaración de moratoria’ es una solución a medias; debe ser a la medida, usada con estrategia y siempre con el debido seguimiento, para que se le permita al deudor tener el tiempo suficiente de reunir los recursos y pagar lo justo.
Cuando la deuda también llega a los tribunales
Sucedió que, en este último caso, las personas que dejaron de pagar, a pesar de que acudieron a mesas de diálogo o buscaron acercamiento con los bancos, siempre recibieron una negativa rotunda en cuanto a opciones para resolver sus problemas de liquidez.
La cerrazón de aquel entonces los arrojó, inevitablemente, a pelear en tribunales, lo que pocos sabían operar. Pues muchas historias de ellos se desenlazaron con abogados que quizá tenían la intención de ayudar, pero no la claridad sobre el tema como para representarlos, y menos para llegar a buen puerto.
Uno de ellos fue el caso de “Alejandro” -nombre ficticio usado para proteger su verdadera identidad- quien hace unos días se acercó para revisar su caso. En principio, molesto y a disgusto, pues cuenta que durante veinticinco años estuvo pagando a un abogado que, al final de cuentas, desapareció sin dejar rastro.
Dice que con él llegó hace igual tiempo, cuando una amistad le dijo que dejara de pagar para no descapitalizarse. El consejo fue porque Alejandro, en aquel entonces, cuando comenzó la crisis, acababa de comprar su departamento y su situación económica le daba la posibilidad de quedarse sin un peso en la bolsa, pero liquidar completo el importe del préstamo.
Esa amistad le dijo entonces que para qué gastaba su dinero si no sabía más adelante cómo se iba a poner la situación económica del país.
Ante la recomendación, Alejandro, dudoso, se acercó mejor al banco para exponer su caso y pedirles pagar por lo menos en dos o tres partes, o en mensualidades más cómodas, justamente para no quedarse sin nada.
Lo que recibió fue la negativa de ayuda y una clara consigna: “No tenemos planes ni programas para personas que vayan al corriente; mejor deje de pagarnos y entonces hablamos”.
Desconcertado por tan atrevida y audaz respuesta, volvió a casa y estuvo meditando entre lo que le dijeron en el banco y lo que le dijo su amiga. Así, como consecuencia de la decisión, buscó complementar su nueva postura con asesoría legal.
Para desgracia, cayó en manos de un abogado cuyo nombre completo jamás apareció en los expedientes que se formaron por demandas del banco, ni en los propios, en donde hizo todo tipo de malabares de defensa.
Los cuales fueron, al final de cuentas, eso: malabares. Pues ninguno tuvo la idoneidad, menos la eficacia, para lograr el resultado que le prometieron. En sus escritos, los de Alejandro con su abogado, pidió de todo: desde la nulidad del contrato, pago de daños y perjuicios, pago de daño moral, anatocismo, cláusulas ilegales, fraude procesal, vicios del consentimiento y demás.
En todos fue condenado a lo mismo: cumplimiento del contrato firmado en el año de mil novecientos noventa y uno. Sin saberlo, su crédito pasó de mano en mano, pues el banco cedió la cuenta a una recuperadora y ésta a una cesionaria que maneja inversiones.
La justicia que sigue esperando un deudor
El caso es que, 25 años después del engaño múltiple, Alejandro cambió de abogados, pero estos últimos tampoco le dieron la respuesta esperada. Hoy, Alejandro, a unos días del remate de su casa, con una cuenta que ya no paga ni con el precio de la vivienda, se debate entre abandonar el caso o jugarse la última carta.
Su historia refleja lo que aún representa la defensa del patrimonio familiar para quienes arrastran las consecuencias del rescate bancario de 1994 y de decisiones tomadas en medio de la crisis.
Sus hijos le aconsejan cuidar de su salud y olvidarse del problema, pero para él la esperanza de no perder su patrimonio tiene un valor diferente al económico: obtener justicia.
Pues solo después de conseguirla podrá recuperar su dignidad, debido a que el ultraje lo recibió no solo de parte de una institución de crédito, sino del sistema y de sus propios defensores.
En fin, vivir para contarlo.
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La columna de opinión “DEBO, NO NIEGO; PAGO, LO JUSTO” de Teresa Carbajal aborda sistemáticamente temas de economía familiar y financiera con énfasis en los retos del consumidor común de Veracruz. Propone una vigilancia crítica sobre cómo el sistema financiero, las emergencias socioeconómicas y las políticas públicas afectan la economía doméstica, y plantea la necesidad de acciones que respondan a esas vulnerabilidades.
