Por Juan José Llanes Gil
Rachel Guadalupe Hernández fue designada directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación de Veracruz; se trata de la misma persona que, cuando fue directora general de Catastro y Valuación de la Secretaría de Gobierno, fue públicamente denunciada por Litzy Rubí Ronzón Montiel, entonces jefa del Departamento de Estadística Catastral, por intentar forzarla a firmar una renuncia. El caso de violencia laboral en Catastro Veracruz terminó ahora con su llegada a una de las áreas con mayor número de trabajadores del estado.
Resulta pertinente recapitular que lo que Ronzón Montiel denunció (exhibiendo la videograbación de tales hechos) dio muestra no solamente de la dramática ignorancia en materia de derecho burocrático que permea en la actual administración estatal, sino también del estilo que se usa (y que luego se premia) de hacer las cosas.
A Hernández Domínguez se le acusó de actos (se insiste: videograbados) no solamente violentos, sino, además, innecesarios. Ronzón Montiel ocupaba una jefatura en la Dirección de Catastro y, por tanto, dado que carecía (como trabajadora de confianza) de estabilidad laboral, el tener su renuncia “voluntaria” era absolutamente irrelevante.
Las renuncias forzadas y el desconocimiento del derecho laboral
Sin embargo, en el diseño de la política pública de esta administración, en lo que hace al manejo de las relaciones laborales, se parte de dos premisas absolutamente erróneas:
Primero, que ningún trabajador debe tener estabilidad laboral y puede ser despedido cuando plazca.
Y luego, que se debe “obtener” (como sea) la “renuncia” de los trabajadores de los que se prescinde, sea o no útil para un juicio.
El tema de las renuncias forzadas en Veracruz ha sido ya explorado ampliamente por el derecho laboral. Se trata de una forma de “despido indirecto”, que es en lo que se traduce el “pedir” a un trabajador que firme su renuncia. En el caso que he referido, el tema no fue si la extitular del Departamento de Estadística Catastral dejaba “voluntariamente” el puesto, sino que hubiese carecido de acción para reclamar que se le reinstalara o indemnizara. De ahí lo injustificado de las acciones de la —ahora— nueva encargada de los Recursos Humanos de la SEV.
No obstante, nadie (absolutamente nadie) en el entorno cercano a las cúpulas del gobierno de Rocío Nahle tiene el conocimiento mínimo requerido para dilucidar lo anterior, o les importa, siquiera.
El mensaje que envía la Secretaría de Educación de Veracruz
Aquello de lo que se acusó a Rachel Guadalupe Hernández ni siquiera tenía su punto más complejo en el hecho de haber despedido a una empleada de confianza, sino en que se le violentó, circunstancia que sí trajo consecuencias, claro, aunque no las que se podrían esperar en un gobierno que proclama que es “tiempo de mujeres” y que “ya llegaron”.
A la extitular de Catastro y Valuación de la SEGOB decidieron premiarla. Premiar su violencia, premiar su desconocimiento absoluto de las normas laborales, premiar su adhesión a políticas de Estado que disponen que el marco jurídico y normativo es solamente referencial, y que dictan que, si se juzga necesario ejercitar actos de violencia (incluso en contra de mujeres), se puede y debe hacer, con la absoluta confianza de que habrá impunidad y se reconocerá la contribución a la “transformación”.
Lo más grave, por donde se quiera ver, es que la violencia hacia las trabajadoras y trabajadores se institucionalizó, y la manera más clara de mandar ese mensaje fue encomendar el manejo de los Recursos Humanos de la Secretaría de Educación de Veracruz a quien probó que es capaz de intentar arrancar renuncias por la fuerza.
Los artículos de opinión, escritos por Juan José Llanes Gil, ofrecen una mirada crítica y analítica de los temas que marcan la agenda pública, desde una perspectiva legal. Abogado laborista con amplia trayectoria, Llanes Gil explica con claridad el trasfondo jurídico de los acontecimientos actuales, desmonta discursos oficiales y pone sobre la mesa lo que muchas veces se omite: el papel del derecho en la vida cotidiana. Su enfoque combina rigor, contexto histórico y compromiso social.
