Por Fanny Yépez
En México, la prohibición del nepotismo y las prácticas de amiguismo en el servicio público están reguladas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y detalladas en leyes secundarias. Sin embargo, los recientes señalamientos sobre nepotismo en Veracruz han vuelto a exhibir cómo la interpretación política de la ley suele alejarse de su letra.
La Constitución sí prohíbe el nepotismo
La regulación se divide principalmente en el ámbito administrativo y, más recientemente, en el ámbito electoral.
En los Artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establecen los principios de imparcialidad, eficiencia y honradez en el uso de los recursos públicos, lo que prohíbe el uso de los mismos para beneficiar a familiares.
Y en los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 se incluyó una reforma constitucional que prohíbe expresamente el “nepotismo electoral”. Esta disposición impide a los familiares (por lazos consanguíneos o civiles) suceder o postularse de manera inmediata a cargos de elección popular ocupados por sus parientes.
Este preámbulo constitucional, que enmarca claramente la prohibición del nepotismo, va dirigido al coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Veracruz, Marcelo Ruiz Sánchez, y a todos los 50 diputados locales, porque consideró que la presencia de personas cercanas a diputados o funcionarios en áreas de gobierno no necesariamente constituye un caso de nepotismo. Hágame usted el favor, no solo exhibe ignorancia, sino también su torpeza en cuanto a leyes constitucionales.
La defensa de Marcelo Ruiz
La ternurita, Marcelo Ruiz, fue cuestionado por la aguerrida periodista Isabel Ortega sobre la contratación de familiares y colaboradores de legisladores en el Congreso de Veracruz. El diputado explicó que el nepotismo tiene una definición jurídica específica relacionada con la prohibición de contratar familiares directos bajo la responsabilidad de un servidor público. Bueno, hasta ahí íbamos bien; sin embargo, se descarriló cuando dijo que no existe impedimento para que personas que acompañaron a un representante popular durante campañas o actividades políticas se incorporen al servicio público, pero no aclaró que la Constitución prohíbe que legisladores contraten a familiares.
Las declaraciones de Marcelo Ruiz Sánchez han generado cuestionamientos en medio de la discusión sobre los casos de nepotismo en el Congreso de Veracruz.
“De ahí en fuera, no hay impedimento de que trabaje en la misma área personas, compañeros, amigas, amigos, porque al final del día los representantes populares vienen con cuadros que los apoyaron en las campañas”.
Comentó que es habitual que esas personas sean incorporadas a espacios dentro de la administración pública municipal, estatal o federal, así como en los congresos locales.
El legislador, como Poncio Pilatos, se lavó las manos y descartó que algunos de los integrantes de su bancada hayan contratado a algún familiar y esté dado de alta en la nómina del Congreso de Veracruz.
Los casos de nepotismo en el Congreso de Veracruz
Lo cierto es que, en la actual Legislatura estatal, existe una revisión a la nómina del Congreso de Veracruz donde se detectaron al menos cuatro casos principales de nepotismo, que involucran directamente a diputados y funcionarios con familiares contratados como personal de confianza en la LXVII Legislatura del Congreso del Estado.
Estos señalamientos estallaron públicamente durante junio de 2026, tras una confrontación en el pleno y la posterior confirmación de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde se exhibieron diversas irregularidades. Entre ellas resaltó el tema de la hija de la diputada Victoria Gutiérrez. Pero de este asunto los legisladores de Morena han sido omisos.
En una sesión plenaria se expuso el caso de la hija de la diputada Victoria Gutiérrez Pérez (Morena). Se exhibió que Nayeli Moreno Gutiérrez cobraba un sueldo mensual de 30 mil pesos bajo el puesto de “asistente”.
Tras confirmarse el hecho por el área de Finanzas del Congreso, fue dada de baja de la nómina de forma inmediata.
Investigaciones de medios evidenciaron que la nómina interna y el directorio de confianza resguardaban a hermanos, hermanas y una presunta sobrina de otros diputados y directivos del Congreso. Entre los nombres señalados en las revisiones del personal se encuentra el de la legisladora Ivonne Selene Durán López. Qué bonita familia.
Los señalamientos sobre familiares contratados en el Congreso de Veracruz han colocado nuevamente en el debate público la actuación de algunos legisladores y la necesidad de aplicar los principios constitucionales que dicen combatir estas prácticas.
La UV y las acusaciones de persecución
El maestro Rodolfo Donaldo Vásquez Moreno, en conferencia de prensa, denunció que la Universidad Veracruzana es una institución de educación superior con historia y relevancia fundamental para el estado de Veracruz; sin embargo, bajo la administración de Martín Aguilar Sánchez, actual rector de esa casa de estudios, “advierto una preocupante concentración del aparato universitario, dirigido a perseguirme, desprestigiarme, afectar mi ejercicio profesional, así como mi dignidad y honor. Quien hace uso de la voz es un profesionista de veinticuatro años que ha construido su experiencia desde la ética, la disciplina y el respeto al quehacer jurídico.
No obstante, la Universidad Veracruzana, en lugar de concentrar su estructura jurídica en atender contratos y convenios, temas de propiedad intelectual, juicios de amparo, procedimientos internos, solicitudes, asesorías jurídicas y los demás asuntos legales que diariamente requiere una institución de su magnitud, ha preferido orientar parte de su aparato institucional para bloquear mi libre ejercicio profesional y con ello generar una narrativa de descrédito en mi contra”.
Esto, perpetrado bajo la conducción del rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez, así como de Heroy Muñoz Gómez y de Carlos Alberto Pedreguera García, abogado general y director de Asuntos Jurídicos, respectivamente, de esa máxima casa de estudios”.
La Columna, escrita por Fanny Yépez Luna, es un espacio de opinión con mirada aguda y conciencia social. Desde un enfoque directo y ético, desmenuza la agenda pública con atención especial a la desigualdad, el abuso de poder y las fracturas institucionales. Su voz es firme, crítica y comprometida con los derechos humanos, siempre del lado de quienes suelen ser ignorados en el discurso oficial.
