Litzy Rubí Ronzón Montiel denuncia presión para firmar renuncia en oficinas de Catastro Veracruz.
TE EXPLICAMOS LA NOTA

Renuncia forzada en Catastro Veracruz exhibe posibles violaciones a código de SEGOB

Redacción Sie7eDíasNoticias

XALAPA, Ver. La actuación de la directora general de Catastro Veracruz, Rachel Guadalupe Hernández Domínguez, denunciada por presionar a una subordinada para firmar su renuncia y protagonizar un presunto forcejeo dentro de oficinas públicas, podría vulnerar distintos apartados del Código de Conducta de la Secretaría de Gobierno estatal publicado apenas en marzo.

El caso involucra a Litzy Rubí Ronzón Montiel, jefa del Departamento de Estadística Catastral, quien denunció públicamente que intentaron obligarla a dejar el cargo mediante un documento de “renuncia voluntaria” que, aseguró, ya estaba elaborado antes de cualquier acuerdo formal.

☞ Contexto: Funcionaria denuncia agresión y presión para firmar renuncia en Catastro Veracruz

Ambas funcionarias aparecen con esos cargos en el directorio oficial del Gobierno de Veracruz.

Durante una conferencia de prensa, Ronzón Montiel mostró una copia del escrito dirigido a la Unidad Administrativa de la Secretaría de Gobierno, con fecha de efecto para el próximo 15 de mayo.

“Era una renuncia que yo no redacté ni acepté”, declaró.

El video y las frases dentro de Catastro

Parte del incidente comenzó a circular en redes sociales mediante un video grabado dentro de oficinas gubernamentales.

En la grabación se escuchan referencias a una liquidación y a la salida de la funcionaria.

“No vas a trabajar hasta el quince (…) pero se te va a pagar”, se escucha en uno de los fragmentos.

También aparecen expresiones como:
“Fírmalo por favor”.
“Esto es por la buena”.
“El tiempo terminó”.

En otro momento del intercambio, Ronzón Montiel pide que la suelten mientras acusa molestias físicas en el brazo.

“Le pido que por favor me suelte”.
“Suélteme”.
“Se me está lesionando”.

La trabajadora afirmó que, tras negarse a firmar, ocurrió un forcejeo dentro del inmueble y posteriormente fueron llamados integrantes del área jurídica y personal administrativo.

“Que venga jurídico”, se escucha también en la grabación.

Lo que establece el Código de Conducta

El conflicto ocurre semanas después de la publicación del Código de Conducta de la Secretaría de Gobierno de Veracruz, dependencia encabezada por Ricardo Ahued Bardahuil y de la cual forma parte la Dirección General de Catastro y Valuación.

El documento establece obligaciones específicas para personas servidoras públicas en materia de trato digno, respeto, integridad y prevención de violencia laboral.

En el apartado 7.1, el Código señala que las y los trabajadores deben “otorgar un trato digno y cordial” y propiciar “el diálogo y el trato cortés y armónico”.

El numeral 7.2, denominado “Declaro cero tolerancia a la violencia contra las mujeres”, establece el compromiso de actuar con “absoluto respeto” y prevenir conductas de violencia.

El apartado 7.4 indica además que deben evitarse conductas que afecten a compañeras y compañeros de trabajo o lesionen su integridad moral.

Otro de los puntos contenidos en el documento es la prohibición de represalias.

El numeral 12 señala que: “El personal de la Secretaría tiene estrictamente prohibido ejercer represalias, castigos u hostigamiento contra cualquier persona servidora pública”.

El apartado de sanciones

El propio Código de Conducta establece mecanismos para denuncias internas y posibles consecuencias administrativas.

El numeral 13 señala que las personas servidoras públicas pueden acudir al Órgano Interno de Control o al Enlace de Ética para denunciar incumplimientos al Código de Ética y al Código de Conducta.

En tanto, el numeral 14 establece que quienes incumplan las disposiciones del documento “incurrirán en la probable comisión de alguna falta de responsabilidad administrativa” y podrán ser sancionados conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Veracruz.

Ronzón Montiel afirmó que no existe procedimiento administrativo abierto en su contra ni documentación que justifique una separación laboral.

También informó que intentó presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, aunque aseguró que no fue atendida.

La funcionaria pidió la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García; del secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil; y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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