Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver.— En más de un año, el gobierno de Veracruz realizó solo siete inspecciones a las 25 oficinas del Registro Público de la Propiedad en el estado, de acuerdo con información oficial obtenida vía Transparencia.
Según el oficio emitido por la Secretaría de Gobierno, en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2025 se llevaron a cabo cinco inspecciones. A ellas se suman dos más realizadas entre el 2 de enero y el 9 de febrero de 2026.
En total, se trata de siete revisiones en 25 oficinas distribuidas en todo el estado, lo que refleja una cobertura limitada en las tareas de supervisión del sistema registral.
El documento también señala que la información detallada de estas inspecciones —incluyendo fechas, zonas visitadas, personal involucrado y observaciones— se encuentra disponible mediante consulta directa, conforme a la Ley de Transparencia.
La baja frecuencia de inspecciones contrasta con el discurso oficial sobre la revisión del sistema registral y notarial, donde autoridades estatales han señalado auditorías y acciones para fortalecer el control institucional.
Sin embargo, los datos disponibles muestran que, al menos en el periodo reportado, las labores de supervisión en el Registro Público se han realizado de manera acotada en relación con el número total de oficinas en operación.
Quejas sin sanción en notarías
Este nivel de supervisión se da en un contexto en el que el propio gobierno estatal ha reconocido irregularidades en el sistema notarial.
De acuerdo con información oficial obtenida vía Transparencia, entre diciembre de 2024 y febrero de 2026 se registraron 90 quejas contra notarios en Veracruz, sin que se haya aplicado una sola sanción administrativa.
☞ Para entender la nota: “Mano dura”, dice Ahued; 90 quejas contra notarios, 0 sanciones
En su conferencia de prensa del 6 de febrero, el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, aseguró que su administración ha sido “implacable” en la revisión de notarías, que se han realizado auditorías y que incluso “ya retiraron algunas notarías” como parte de las acciones contra el llamado “cartel inmobiliario”.
No obstante, los datos oficiales disponibles no reportan consecuencias derivadas de estas inconformidades, lo que genera cuestionamientos sobre el alcance real de las medidas anunciadas por las autoridades estatales.
