Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver. El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que su administración ha sido “implacable” en la revisión de notarías. Sin embargo, datos oficiales revelan que, pese a 90 quejas contra notarios en Veracruz, no hubo una sola sanción.
De acuerdo con un oficio de la Secretaría de Gobierno obtenido vía Transparencia, en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2024 al 9 de febrero de 2026, la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías registró 90 inconformidades contra fedatarios públicos.
Sin embargo, en respuesta al mismo requerimiento, la dependencia informó que el número de sanciones o amonestaciones derivadas de esas quejas es “0 (cero)”, criterio que además justifica como válido en términos administrativos.
El dato contrasta con el discurso sostenido por el propio Ahued Bardahuil, quien en conferencia de prensa el viernes 6 de febrero afirmó que “ya retiramos algunas notarías”, que por instrucción de la gobernadora “fueron implacables” en la revisión del sistema notarial y que “no vamos a parar” en el combate a irregularidades vinculadas al llamado “cartel inmobiliario”.
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El funcionario también aseguró que se realizaban auditorías a notarías, revisión de libros y que se ha abierto un canal directo para que la ciudadanía denuncie posibles anomalías en procesos relacionados con la propiedad.
Desde finales de 2025, particulares y abogados en Veracruz denunciaron la existencia de una presunta red de notarios, jueces y funcionarios del Registro Público que habría facilitado el despojo de propiedades en Xalapa, conocida como “Cártel Inmobiliario”.

No obstante, la información oficial no reporta consecuencias administrativas ni sanciones derivadas de las quejas registradas, lo que abre cuestionamientos sobre el seguimiento institucional de estos casos.
En el mismo documento, la autoridad señala que una respuesta en cero no implica inexistencia del fenómeno, sino que se trata de un valor estadístico válido cuando no se han generado sanciones.
Así, mientras el mensaje oficial plantea una intervención firme en el sistema notarial, los datos muestran que, al menos en el periodo reportado, las inconformidades no se han traducido en castigos formales.


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