Quedaron mal los “operadores” de la Secretaría de Gobernación, quienes divulgaron un comunicado la noche del martes asegurando que se había logrado un acuerdo con los transportistas, pero mintieron: no se suscribió ninguna minuta y estalló el caos la mañana del miércoles.
Ahora solo tenemos que esperar que, ante el hecho consumado del ingreso de los Yunes a Morena, la gobernadora de Veracruz cumpla su palabra y anuncie, en cualquier momento, su renuncia a Morena, todo de acuerdo con aquellas advertencias que, viniendo de ella, deben ser muy serias.
El diputado del PVEM Marcelo Ruiz fue cuestionado sobre la contratación de familiares y colaboradores de legisladores en el Congreso de Veracruz: se descarriló cuando dijo que no existe impedimento para que personas que acompañaron a un representante popular durante campañas o actividades políticas se incorporen al servicio público, pero no aclaró que la Constitución prohíbe que legisladores contraten a familiares.
Con la llegada de una nueva administración, Alejandro Cossío supuso que —por fin— la decencia permearía en el ejercicio del poder. Pero es difícil llegar a pedir justicia a un régimen ante el que hay que presentarse con la biografía bajo el brazo, porque —como no son de aquí— no saben ni con quién están hablando.
Las autoridades, en sus distintos niveles en el estado de Veracruz, permiten con sus actitudes elásticas y apáticas que las nuevas industrias arrojen sus vertimientos líquidos y sólidos a los afluentes, a zonas urbanas.
Es verdaderamente criticable que los funcionarios de cualquier nivel omitieran estos alertamientos cuando la vida de cientos o miles de personas está en riesgo. Esta omisión es un caso de negligencia.
