Por Juan José Llanes
De acuerdo con la noticia que divulgaron diversos medios de comunicación el pasado 29 de septiembre, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, informó que “el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) enfrenta un déficit cercano a los 4 mil millones de pesos anuales y actualmente no es autosustentable”.
Sin embargo, apenas el 28 de febrero de 2024, la entonces directora general del IPE (ahora presidenta municipal de Xalapa), Daniela Griego aseguraba que “… con el fortalecimiento de las finanzas se dejará una institución de seguridad social muy sostenida para la siguiente administración…”.
Dice también que Griego Ceballos enfatizó que “hay tranquilidad y podemos aspirar a una pensión digna en las siguientes generaciones”.
La nota remata dando cuenta de que la entonces titular del IPE “finalizó diciendo que se trabaja para heredar un instituto moderno, fuerte en estructura y financieramente estable, por lo que se le da continuidad a la sostenibilidad y viabilidad a largo plazo para el bienestar de miles de derechohabientes”.
El milagro financiero al que se refería Griego Ceballos hace apenas dos años contrasta con el panorama que describió la gobernadora Nahle hace unos días: las “finanzas sanas” del IPE de las que se ufanaba la hoy alcaldesa representan ahora —según la mandataria estatal— un déficit anual de casi 4 mil millones que lo define como un ente “no autosustentable”.
Y la gobernadora reveló lo que no puede interpretarse sino como desvío de recursos públicos por parte de su antecesor, Cuitláhuac García:
“Hay un fondo federal que debería usarse para otras cosas, pero Cuitláhuac dijo: ‘Tengo que apoyar al IPE’, y ese fondo se va íntegro para apoyar al IPE”.
Así pues, el futuro promisorio detallado por Griego Ceballos se debe ver (o, al menos, debiese verse) a la luz de lo que dice Nahle García: “No podemos dejar a los pensionados a la deriva…”
No se puede más que concluir: o miente ahora la gobernadora Rocío Nahle, o mintió la entonces directora del IPE, Daniela Griego.
Creo que es imposible ya sorprenderse de las falsedades que permean la narrativa de la clase política.
Pero mi punto es este:
Cuando uno escribe en el motor de búsqueda de Google esta pregunta: “¿cuántos empleados temporales administrativos hay en Veracruz?”, la respuesta es esta:
“En el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz hay al menos 8,000 trabajadores bajo la figura de Empleados Temporales Administrativos (ETA) que continúan sin una base laboral.
“Esta cifra representa una porción significativa del personal del Gobierno estatal, donde sindicatos y representantes laborales estiman que aproximadamente la mitad de una plantilla de 15,000 trabajadores opera bajo esquemas de contratos temporales o transitorios”.
Lo que la gobernadora Rocío Nahle no explica es por qué el gobierno de Veracruz decidió que 8 mil familias carezcan de una seguridad social completa. Se aclara que “completa” porque, al margen de que tales empleados coticen al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (para tener acceso a médico, tratamientos y medicinas, tipo Dinamarca, según dijo alguien), lo cierto es que la seguridad social también comprende el estar incorporado a un sistema pensionario. Y eso no lo digo yo.
Lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) que establece en su artículo 22 que toda persona tiene derecho a la seguridad social para asegurar la satisfacción de sus derechos económicos, sociales y culturales.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966) que reconoce expresamente en su artículo 9 el derecho de toda persona a la seguridad social, incluidos los seguros sociales.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969) y el Protocolo de San Salvador (1988), que en su artículo 9 obliga a los Estados partes a garantizar el derecho a la seguridad social que proteja contra las consecuencias de la vejez y la incapacidad.
Y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, vigente y ratificada por México en 2023 cuando era presidente López Obrador, tratado internacional que reconoce el derecho de las personas mayores a un sistema de pensiones que les asegure un ingreso suficiente.
No sobra decir que a esos 8 mil ETA (como les llaman) el gobierno como patrón no los tiene afiliados al IPE, con lo que no solamente se violentan los derechos fundamentales de esos trabajadores, sino que también el sistema pensionario deja de recibir sus cuotas.
En Veracruz, por tanto, es claro que los Derechos Humanos estorban, más si se trata de poner dinero para que se cumplan.
Los artículos de opinión, escritos por Juan José Llanes Gil, ofrecen una mirada crítica y analítica de los temas que marcan la agenda pública, desde una perspectiva legal. Abogado laborista con amplia trayectoria, Llanes Gil explica con claridad el trasfondo jurídico de los acontecimientos actuales, desmonta discursos oficiales y pone sobre la mesa lo que muchas veces se omite: el papel del derecho en la vida cotidiana. Su enfoque combina rigor, contexto histórico y compromiso social.
