María González
XALAPA, Ver. — El alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, no evadirá la acción de la justicia y enfrentará el proceso penal si el Congreso de Veracruz aprueba retirarle el fuero, aseguró su abogada, Izaskun Moreno.
Antes de la sesión extraordinaria en la que el Pleno resolverá el juicio de procedencia, la defensora afirmó que el presidente municipal acudiría al Congreso y atendería las determinaciones de las autoridades.
“El alcalde en su momento se va a someter a la justicia”, declaró.
Moreno señaló que, hasta ese momento, la defensa desconocía el contenido del dictamen elaborado por la Comisión Permanente Instructora y esperaba recibir una copia antes de la votación.
“Venimos a escuchar la postura y el dictamen de los diputados. No nos queda más que esperar”, expresó.
Cuestionan las pruebas en su contra
La abogada confirmó que la defensa haría uso de la voz ante los diputados constituidos en Jurado de Procedencia para exponer sus argumentos contra el retiro de la protección constitucional.
Sostuvo que la carpeta de investigación no contiene datos suficientes para atribuir al edil responsabilidad en los hechos, y que el señalamiento se sustenta en la declaración de una persona identificada como “Delta 1”.
“Dentro de la carpeta de investigación solamente hay una entrevista de un ‘Delta 1’ que dice que escuchó. No hay elementos suficientes para atribuirle la autoría material”, afirmó.
Moreno explicó que, si el Congreso aprueba el dictamen, la Fiscalía General del Estado quedará en condiciones de solicitar una orden de aprehensión ante un juez.
“La Fiscalía estaría en condiciones de solicitar una orden de aprehensión”, indicó.
Aclaró que el retiro del fuero no implica la detención automática del alcalde, sino que permite a la Fiscalía continuar el procedimiento penal sin la protección constitucional vinculada al cargo.
La defensora precisó que González Martínez permanece en calidad de investigado y que hasta ahora no ha sido imputado ante un juez.
“El alcalde está en calidad de investigado. Todavía no está judicializado ni imputado”, señaló.
El posible camino legal
En caso de que la Fiscalía obtenga una orden judicial, el presidente municipal deberá comparecer ante un juez de control para que se defina su situación jurídica.
Moreno indicó que la defensa analizará la promoción de un amparo después de que exista una resolución legislativa o judicial susceptible de ser impugnada.
“No se puede pedir un amparo aún. Estamos esperando que resuelvan para poder trabajar”, dijo.
Sobre una posible intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la abogada respondió que no tenía conocimiento de alguna solicitud formal, aunque consideró viable la presencia de observadores.
“Sería viable para que vean la postura de esta Cámara de Diputados y lo que obra dentro de la carpeta de investigación”, manifestó.
Moreno atribuyó el desarrollo del procedimiento a factores políticos, pero evitó ampliar su declaración.
“Entendemos que en esta situación son cuestiones políticas. Es lo más que le puedo mencionar”, expresó.
Si el Congreso aprueba retirar el fuero, González Martínez será separado del cargo y su suplente, Juliana Ruiz Martínez, podrá asumir la presidencia municipal mientras se desarrolla el proceso.
La resolución legislativa no determinará la culpabilidad del alcalde. Su alcance será permitir que la Fiscalía proceda penalmente y que un juez analice las pruebas y resuelva su situación jurídica.
