Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver. — Integrantes de Movimiento Ciudadano acusaron que en Veracruz existe una utilización política de las instituciones de procuración de justicia y denunció una presunta persecución política tras el avance de los procedimientos de desafuero promovidos contra los alcaldes de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste, al tiempo que exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) actuar con autonomía, imparcialidad y apego a la ley.
Mediante un posicionamiento dirigido a la ciudadanía, firmado por la dirigencia estatal, legisladores e integrantes de su Comisión Operativa, el partido expresó su preocupación por la situación de violencia e impunidad que enfrenta Veracruz y sostuvo que, mientras numerosos delitos permanecen sin resolverse, las instituciones actúan con rapidez cuando se trata de adversarios políticos.
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El documento señala que durante las administraciones de Cuitláhuac García y Rocío Nahle no se ha combatido al crimen organizado, pero sí se ha perseguido, según el partido, a opositores, periodistas, académicos y funcionarios. Asimismo, demanda que la Fiscalía no sea utilizada como una herramienta de persecución contra quienes piensan distinto.
Exigen autonomía de la Fiscalía
En el pronunciamiento, Movimiento Ciudadano exigió a la Fiscalía General del Estado actuar con estricto apego a la ley, preservar su autonomía y neutralidad, y cesar cualquier acto de persecución política contra integrantes del partido o cualquier ciudadano que, afirman, sea presionado por expresar opiniones críticas o defender causas legítimas.
También manifestaron que están a favor de que toda conducta delictiva sea investigada y sancionada conforme a derecho, al sostener que nadie debe estar por encima de la ley, pero insistió en que las instituciones deben servir a la justicia y no responder a presiones políticas.
El contexto
El posicionamiento fue difundido luego de confirmarse que los presidentes municipales de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, y de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, cuentan con plazo hasta el 28 de julio para responder a los procedimientos de desafuero iniciados en el Congreso del Estado a solicitud de la Fiscalía General del Estado.
En ambos casos, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales avalaron la continuidad del trámite legislativo y turnaron los expedientes a la Comisión Permanente Instructora, instancia que deberá analizar las pruebas aportadas por la Fiscalía, recibir las defensas de los ediles y determinar si propone al Pleno retirarles o no la inmunidad procesal.
El procedimiento legislativo no implica responsabilidad penal ni constituye el retiro del fuero, ya que ambos alcaldes conservan el derecho de presentar pruebas y alegatos antes de que el Congreso emita una determinación.
Movimiento Ciudadano concluyó su pronunciamiento reiterando que continuará, dijo, del lado de las víctimas, de la ciudadanía y de la defensa de la legalidad, al afirmar que “Veracruz exige verdad, justicia y libertad”.
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