Por Fanny Yépez
En lo que va de 2026, las agresiones a periodistas en Veracruz han dejado un periodista asesinado, una periodista secuestrada este martes y decenas de ataques documentados, pero en ninguno de estos terribles casos se ha hecho justicia. En todos prevalece la impunidad.
La violencia que no encuentra justicia
Carlos Leonardo Ramírez Castro, director del portal digital Código Norte y reportero especializado en temas de seguridad y nota roja, fue asesinado a balazos la tarde del 8 de enero en un establecimiento de comida en el municipio de Poza Rica.
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión han documentado múltiples agresiones contra periodistas en el estado de Veracruz, además de diversas amenazas de muerte y múltiples ataques documentados por asociaciones de comunicadores.
Amenazas de muerte. El 1 de marzo de 2026, el periodista Roberto Montalvo Hipólito, director de Las Noticias con Montalvo en Acayucan, fue víctima de amenazas directas mediante mensajes y llamadas telefónicas.
Agresiones documentadas. La Asociación de Comunicadores de Veracruz ha denunciado incidentes recientes que incluyen golpes físicos (como el caso de Eduardo Izquierdo Segura, en Coatzacoalcos), detenciones arbitrarias e intimidación a reporteros durante coberturas (en municipios como Córdoba, Tuxpan y Coatepec), además de abusos de escoltas.
La impunidad contra periodistas sigue siendo la constante. Los casos se acumulan, las denuncias se presentan y los expedientes avanzan con una lentitud que termina favoreciendo el olvido.
La libertad de expresión bajo asedio
A los gobernantes, en sus distintos niveles, les vale sombrilla lo que establecen los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son los pilares de la democracia en México. Juntos garantizan que puedes expresar y difundir tus ideas, y que el Estado debe operar de forma transparente y sin censura previa.
El medio digital La Nigua reportó que, en el municipio de Nanchital, la periodista Roxana Ramírez, directora del medio digital Impulso Informativo, fue privada de su libertad la mañana de este martes, luego de que un grupo de hombres armados irrumpiera en su domicilio ubicado en ese municipio del sur de Veracruz.
De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron alrededor de las 06:00 horas, cuando sujetos armados llegaron hasta la vivienda de la comunicadora y, en un video que se difundió en las primeras horas del día, se puede observar cómo golpearon con un marro la puerta para ingresar por la fuerza.
Testigos señalaron que los individuos sometieron a la periodista y posteriormente la sacaron del inmueble, llevándosela con rumbo desconocido. Tras lo ocurrido, familiares, amigos y colegas del gremio periodístico iniciaron una intensa búsqueda y difundieron llamados de auxilio para lograr su pronta localización.
La desaparición de la comunicadora ha generado preocupación e indignación entre periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, quienes demandan la intervención inmediata de las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar su integridad física.
Hasta el momento, ninguna dependencia de seguridad o procuración de justicia ha emitido información oficial sobre el caso, ni ha reportado personas detenidas relacionadas con este hecho.
El suceso mantiene en alerta a la comunidad periodística y a la sociedad civil del sur de Veracruz, que exige resultados inmediatos en las investigaciones y la aparición con vida de la comunicadora.
La libertad de expresión en Veracruz enfrenta una realidad compleja. Las agresiones ya no son hechos aislados; forman parte de un entorno de riesgo que inhibe el ejercicio periodístico y limita el derecho ciudadano a estar informado.
En Veracruz, las y los periodistas han enfrentado históricamente una grave estigmatización desde las esferas del poder público. Diversas administraciones han utilizado descalificaciones para minimizar la crítica social y desacreditar el trabajo de la prensa, llamándolos frecuentemente: “Voceros del hampa” o “Cómplices de la delincuencia”.
Etiqueta utilizada para insinuar vínculos entre los comunicadores y grupos delictivos. “Prensa incómoda” o “Prensa vendida”, “Alborotadores” o “Terroristas”, “Texto servidores”, “Carroñeros”, “Mentirosos”, “Difamadores”, “Preguntones de estupideces”; estas son clasificaciones empleadas por funcionarios para deslegitimar investigaciones sobre corrupción o fallas institucionales, entre otros calificativos peyorativos.
En años recientes, la criminalización ha escalado al uso de figuras penales desproporcionadas en contra de reporteros. Estas narrativas estigmatizantes han trascendido el discurso público y se han documentado como agresiones directas, documentadas por organizaciones como Artículo 19.
Adicionalmente, el gremio ha enfrentado presiones desde el Ejecutivo estatal y hostigamiento judicial, agravando el clima de violencia contra periodistas en Veracruz, que ha posicionado a la entidad como una de las más peligrosas para ejercer el periodismo.
El caso Roxana Ramírez y la reacción oficial
Respecto al secuestro de la periodista Roxana Ramírez, la Fiscalía General del Estado emitió al mediodía del martes un escueto comunicado donde señala que se inició una carpeta de investigación.
El caso Roxana Ramírez Nanchital ocurre en vísperas del Día de la Libertad de Expresión y vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cuántas agresiones más tendrán que acumularse para que la protección a periodistas deje de ser un discurso y se convierta en una realidad?
La Columna, escrita por Fanny Yépez Luna, es un espacio de opinión con mirada aguda y conciencia social. Desde un enfoque directo y ético, desmenuza la agenda pública con atención especial a la desigualdad, el abuso de poder y las fracturas institucionales. Su voz es firme, crítica y comprometida con los derechos humanos, siempre del lado de quienes suelen ser ignorados en el discurso oficial.
