Arquitectura de Estado: reformas estructurales, economía informal y el dilema del poder

Por Juan Manuel Díaz Organitos

Blindar un proyecto de nación no significa congelar la historia, sino establecer suelos mínimos innegociables que impidan la refundación cíclica del Estado al ritmo de los calendarios electorales. Sin embargo, ningún rediseño institucional fructifica si omite dos realidades estructurales interconectadas: la persistencia de una economía informal que subvierte el contrato social y la renuencia de intereses personales orientados al cálculo partidista sobre los intereses de la nación.

1. Planeación estratégica vinculante

La subordinación de las políticas públicas a la coyuntura de una administración en turno neutraliza el desarrollo a largo plazo.

• La reforma. Transformar los planes de desarrollo en una Estrategia de Largo Plazo (25-30 años) diseñada de forma colegiada y multidisciplinaria.
• El blindaje. Dotar a este plan de carácter obligatorio sobre el presupuesto y la inversión estratégica. Ninguna administración podrá desviar el gasto de los ejes maestros acordados, evitando que el relevo político pulverice décadas de acumulación institucional.

2. Integración fiscal y el dilema de la economía informal

La informalidad masiva no es un problema puramente tributario ni una simple “ayuda” de subsistencia, sino el síntoma más agudo de la ruptura del contrato social.

• Cuando un alto porcentaje de la fuerza laboral opera al margen de la ley, se genera una asimetría insostenible. Una minoría cautiva sostiene fiscalmente el aparato estatal, mientras la mayoría informal utiliza la infraestructura, las calles y los servicios públicos sin aportar a su sostenimiento.
• A primera vista, reducir la cuota de entrada para captar millones de informales parece un pragmatismo inobjetable. Sin embargo, la solución no es lineal. Por un lado, si el Estado gasta más en auditar y cobrar cuotas minúsculas de lo que recauda, el sistema colapsa; por otro, la informalidad funciona como un subsidio oculto donde las grandes cadenas de suministro abaratan costos subcontratando talleres y comercio informal, mientras el Estado absorbe el costo social de una población envejecida sin fondos de retiro.
• Superar la fiscalización punitiva mediante un piso universal de derechos (salud y retiro) desacoplado de la carga impositiva inmediata. El incentivo para formalizarse no debe ser el terror al fisco, sino la garantía de que ingresar al padrón otorga protección social. Simplificando radicalmente los trámites y aplicando cuotas mínimas para ampliar la base contributiva, se transforma la economía subterránea en un sistema formal donde los impuestos se traduzcan en bienes públicos de calidad. Ningún Estado de derecho se consolida cuando la mitad de sus ciudadanos habita en los márgenes de la legalidad.
• Si reducir cuotas e impuestos no resuelve de fondo la informalidad, es porque el problema no es únicamente el precio de la legalidad, sino el valor percibido de la misma. La informalidad en economías en desarrollo es un fenómeno estructural donde el costo de cumplir las reglas supera sistemáticamente a los beneficios de estar dentro del sistema.
• Para desmantelar este nudo gordiano sin caer en la trampa del tributo simbólico ni en la fiscalización punitiva estéril, la arquitectura de Estado debe desplegar cuatro estrategias de fondo:

Desvincular la protección social del estatus laboral

El mayor incentivo para la informalidad es que el acceso a derechos fundamentales (salud universal, pensión, guarderías) esté atado a un contrato de trabajo formal.

Transitar hacia un piso universal de derechos financiado por impuestos generales, y no por cuotas obrero-patronales que encarecen la contratación formal; esto debe estar plasmado claramente en un mecanismo o procedimiento.

En consecuencia, si el ciudadano ya cuenta con salud pública de calidad y fondo de retiro por el simple hecho de ser ciudadano, el incentivo del empleador para no registrar al trabajador o del trabajador para exigir su pago “en efectivo” se reduce drásticamente.

Condicionalidad de la infraestructura económica

El Estado debe dejar de fiscalizar solo mediante auditorías o multas (que son costosas e ineficientes) y empezar a condicionar el acceso a los bienes públicos estratégicos.

Facilitar la inclusión financiera digital, el crédito productivo a tasas preferenciales y la contratación pública solo a quienes estén plenamente integrados en la legalidad, estableciendo el mecanismo.

El impacto se reflejaría en que la legalidad dejaría de verse como un castigo tributario para convertirse en la licencia operativa obligatoria para crecer, bancarizarse y acceder a mercados más amplio

Simplificación regulatoria radical y erradicación del chantaje burocrático

En muchos casos, el comerciante o microempresario prefiere pagar la “extorsión informal” al inspector municipal o al “líder social” que lidiar con decenas de trámites, licencias opacas y normativas contradictorias.

Para lograr esta simplificación es fundamental la digitalización total, la ventanilla única a nivel municipal y estatal, y esquemas de fiscalización posterior basados en gestión de riesgos (auditar a pocos con base en inteligencia de datos, no acosar a todos en ventanilla).

Con lo anterior se elimina la discrecionalidad del funcionario que lucra con la norma y se reduce el costo de transacción de ser legal a casi cero.

Corresponsabilidad y la regla de la reciprocidad estatal

No se puede exigir cumplimiento a la ciudadanía cuando el Estado incita al desorden.

Hay que vincular el ordenamiento del espacio público y la formalidad comercial con la mejora visible de la infraestructura (transporte, pavimentación, seguridad y capacitación).

El impacto estratégico llevaría a romper el círculo vicioso donde el gobernante relaja la norma para ganar simpatía electoral y el ciudadano tolera el caos urbano a cambio de no pagar impuestos.

La legitimidad del Estado se recupera cuando el cumplimiento de la norma se traduce en orden visible. Si el Estado no ofrece seguridad en las calles, certidumbre en las inversiones, servicios de salud funcionales y un entorno urbano ordenado, ninguna tasa fiscal —por baja que sea— será atractiva. La solución a la informalidad no es cobrar poco, sino construir un Estado que devuelva en bienes públicos de alta calidad cada centavo aportado por sus ciudadanos.

3. Blindaje de los contrapesos institucionales

La concentración del poder colapsa cuando las instancias garantes son cooptadas o desfinanciadas desde el Ejecutivo.

• La reforma. Elevar a rango constitucional la autonomía presupuestal e inamovilidad de tribunales, fiscalías y órganos técnicos.
• El blindaje. Sustraer los nombramientos de las cuotas legislativas y someterlos a comités de selección basados estrictamente en mérito y probidad, asegurando la primacía de la ley sobre la voluntad del gobernante.

4. Profesionalización y combate a la impunidad

Las alternancias políticas suelen detonar purgas burocráticas que sacrifican la capacidad técnica en aras de la lealtad faccional. Para esto, se propone:

• Institucionalizar el servicio civil de carrera en todos los órdenes de gobierno mediante concursos de oposición.
• Establecer la imprescriptibilidad de los delitos por corrupción, la inhabilitación perpetua y auditorías ciudadanas vinculadas a fiscalías verdaderamente autónomas.

Esto podría catalogarse como un conjunto de propuestas para un mundo ideal que no existe. Sin embargo, los cambios, las transformaciones y las revoluciones pacíficas parten de ideas o sueños. Es bien cierto que todas las reformas teóricas chocan con un muro político: el cortoplacismo. Ninguna coalición o partido cede voluntariamente sus márgenes de discrecionalidad ni se subordina a un plan que beneficie políticamente a sus sucesores (contrarios o no). Este paradigma debe romperse de raíz: la sobrevivencia a largo plazo de una nación exige superar la trampa del cálculo sexenal y entender que la estabilidad sistémica vale más que la hegemonía temporal de un partido.

La erosión institucional no solo ocurre en las cúpulas del poder político, sino que se infiltra en la vida cotidiana a través de los liderazgos que, con el afán demagógico de captar adeptos y evitar costos políticos, relajan las reglas, incentivan la impunidad y destruyen el respeto elemental a la autoridad y a las leyes. Este desprecio sistémico por la norma se materializa todos los días en el caos urbano: en la forma anárquica en que conducimos los automóviles, en el transporte público operado sin rutas eficientes, sin paradas reglamentadas y sin capacitación ni controles para los operadores, y en la degradación de una infraestructura física que refleja la incapacidad colectiva de planificar y ordenar el espacio común.

La historia ofrece precedentes complejos. Como ocurrió con las reformas estructurales en la Alemania de principios del siglo XXI —donde el partido gobernante aplicó medidas sumamente impopulares sabiendo que perdería el poder, anteponiendo la salud sistémica del país a su propia supervivencia—, las transiciones profundas exigen catadura ética. En contraste, la inestabilidad institucional se alimenta del aplazamiento sistemático de lo indispensable, de la tolerancia clientelar a la informalidad y del uso político del Estado.

¿Es capaz una clase política de asumir el costo de reformar el Estado a contracorriente de sus propios intereses electorales, o el porvenir de las siguientes generaciones seguirá subordinado al cálculo del próximo periodo de gobierno?