Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver. — El Sindicato de Trabajadores Normalistas y de la Educación en Veracruz (STENV) exigió al Gobierno del Estado, que encabeza Rocío Nahle García, garantizar los recursos para pagar las pensiones del Instituto de Pensiones del Estado (IPE). Advirtió que no aceptará que trabajadores y pensionados “tengan que pagar nuevamente” el costo de los problemas del Instituto.
El posicionamiento, fechado el 7 de octubre, firmado por la secretaria general, Elisa Contreras Hernández, y tres integrantes más del Comité Ejecutivo, responde a lo dicho por la gobernadora el 28 de septiembre sobre buscar opciones para atender el problema financiero del IPE.
Ese día, Nahle planteó que el Instituto enfrenta un déficit de cerca de 4 mil millones de pesos anuales y pidió un plan para hacerlo autosustentable.
Sin tope a los recursos federales
El sindicato rechaza que, “bajo el argumento de encontrar alternativas que no impliquen el uso de recursos federales”, se fije de manera anticipada un límite a las posibilidades de solución.
“Si el Estado tiene obligaciones legales en materia de seguridad social y pensiones, también tiene la responsabilidad de garantizar los recursos necesarios para cumplirlas”, sostiene el documento.
El STENV ubica esa obligación en el artículo 28 de la Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz. Afirma que las soluciones no pueden traducirse en mecanismos contrarios a la finalidad social del Instituto ni atentar contra sus afiliados y beneficiarios.
El FAFEF como antecedente
El texto sostiene que el gobierno anterior usó el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) para atender la solvencia del IPE.
Según el sindicato, ese uso es compatible con el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, que permite destinar el fondo a “apoyar el saneamiento de pensiones”.
Pensiones, no dádiva
El STENV afirma que las pensiones “no son una dádiva, una concesión gubernamental ni un apoyo asistencial”. Las describe como resultado de años de trabajo y de las aportaciones de los trabajadores durante su vida laboral.
El sindicato aclara que no niega el problema financiero y que está dispuesto a participar en el análisis de alternativas para la recuperación del Instituto.
Lo que no aceptará, señala, es que trabajadores y pensionados paguen el costo de decisiones, omisiones o problemas que corresponde resolver a las instituciones involucradas.
