Tato Vega Yunes, exdirigente de Fuerza por México y subsecretario de la SEDECOP en Veracruz.
LA COLUMNA

Investigarán con lupa al “Tato” Vega Yunes

Por Fanny Yépez

La Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas es un órgano creado por el Instituto Nacional Electoral (INE), para revisar perfiles de aspirantes y prevenir posibles vínculos con la delincuencia organizada; de cara al proceso electoral, encontrará una trayectoria oscura de Eduardo “Tato” Vega Yunes, exdirigente del partido Fuerza por México en Veracruz y actual subsecretario en la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz (SEDECOP), quien ha enfrentado diversas acusaciones públicas y procedimientos de fiscalización relacionados con presuntas irregularidades financieras y actos de corrupción.

Fiscalización del INE a Fuerza por México

Los señalamientos principales en los medios de comunicación y portales de fiscalización locales reportan lo siguiente:

De acuerdo con resoluciones del INE, la gestión de Vega Yunes al frente del partido Fuerza por México en Veracruz ha estado bajo investigación debido a un presunto desfalco y opacidad en el manejo de recursos públicos.

Entre las anomalías detectadas reportadas por portales informativos en julio de 2026, se enlistan:

  • Omisión de facturas o documentos para justificar cuentas por pagar y cobrar de ejercicios fiscales anteriores.
  • Deficiencias al acreditar los pagos realizados a dirigentes y la identidad de los auditores externos.
  • Falta de registro de financiamiento público estimado en 96,692 pesos.
  • Ausencia de contratos y reportes de actividades que amparen gastos significativos destinados a asesorías.

Internamente, militantes, exsimpatizantes y candidatos del partido acusaron una presunta “simulación” de estructuras en campañas, señalando que las prerrogativas no eran distribuidas adecuadamente para la movilización electoral.

Otro lado oscuro de “Tato” son los señalamientos en la SEDECOP

Paralelamente al rol que tuvo como dirigente de partido, en su función gubernamental como subsecretario de la SEDECOP, han trascendido denuncias públicas en medios locales por parte de sectores empresariales.

Se le ha acusado de supuestamente solicitar “moches” o comisiones ilegales a inversionistas privados con el fin de facilitar la agilización de trámites e inversiones dentro del estado de Veracruz.

Todos estos señalamientos y presuntos casos de corrupción que envuelven a Eduardo Vega Yunes tendrán que ser investigados exhaustivamente por la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas; por lo tanto, podemos afirmar que el “Tato” no tiene asegurada la candidatura: se le podría caer de resultar ciertas estas acusaciones.

La denuncia en la FGE y la candidatura de Morena en Xalapa

Por si fuera poco, Eduardo “Tato” Vega Yunes estaría impedido para aspirar a la candidatura de Morena por el distrito federal de Xalapa, por una denuncia que enfrenta en su contra en la Fiscalía General del Estado (FGE).

El experto en derecho electoral, Eduardo de la Torre, fue quien explicó que la denuncia se encuentra en la FGE abierta desde el año 2022.

En entrevista, insistió en que si se aplica la ley “Tato no podría ser candidato, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya diluyó la fortaleza que se tenía en ese sentido”.

Expuso que “Tato” Vega, a través de las redes sociales, se dedicó a atacar a una periodista de Xalapa, “financiaba para atacarla, porque se trata de una mujer de Xalapa y bueno, este tipo de candidatos los vamos a ver en todos los partidos políticos”.

Cómo opera la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas

La Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del INE no realiza investigaciones ministeriales ni judiciales directas por sí misma; en su lugar, actúa como un enlace institucional para evaluar y detectar “riesgos razonables” de vínculos con actividades delictivas o el crimen organizado en los perfiles de las personas aspirantes a cargos de elección popular.

Para lograrlo, la comisión solicita cruzar e intercambiar información confidencial con diversas instituciones de seguridad, inteligencia y procuración de justicia.

La Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales se encargan de cotejar si los aspirantes (incluyendo suplentes, desde las precandidaturas hasta las candidaturas definitivas) cuentan con antecedentes penales, carpetas de investigación activas o indagatorias relacionadas con delitos graves o delincuencia organizada.

En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revisan posibles irregularidades financieras, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) o flujos de efectivo sospechosos, que puedan financiar de forma ilegal una campaña electoral.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aportarán elementos sobre la situación fiscal de los aspirantes, para asegurar que no existan discrepancias graves o delitos fiscales que comprometan su integridad.

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