María González
XALAPA, Ver. — El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) determinó un presunto daño patrimonial de 59 millones 354 mil 81.45 pesos en el Ayuntamiento de Altotonga durante 2025, último año del gobierno de Ignacio “Nacho” Morales Guevara.
La cifra incluye tres obras fantasma: dos caminos y un biodigestor que se pagaron completos y que nunca se iniciaron.
Morales Guevara fue presidente municipal de Altotonga de 2022 a 2025. A finales de agosto de este año asumió como delegado general en funciones de secretario general del comité estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) del PRI en Veracruz.
Las cifras forman parte del Informe Individual de Altotonga de la Cuenta Pública 2025. En él, el ORFIS señala 27 observaciones con presunto daño que no fueron solventadas, y de las cuales promoverá el fincamiento de responsabilidades. El informe no nombra a los servidores públicos: se refiere a “las personas servidoras y/o ex servidoras públicas responsables”.
Tres obras pagadas y nunca iniciadas
El ORFIS visitó en abril de 2026 los sitios donde debían estar tres obras pagadas en 2025, acompañado de un representante del Ayuntamiento. En ninguno encontró evidencia de trabajos. Las tres quedaron clasificadas como “obra no ejecutada (no iniciada)”, con un presunto daño igual al monto pagado:
- Camino en Belisario Domínguez, tramo Limoncillo a la escuela primaria Miguel Hidalgo: 1 millón 65 mil pesos. Además, se adjudicó de forma directa cuando debía contratarse por invitación a cuando menos tres personas.
- Camino San José Tepozoteco-La Loma de Ignacio Zaragoza: 1 millón 680 mil pesos. Tampoco contaba con la validación del proyecto de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.
- Biodigestor para tratar aguas residuales en la calle Reforma, en la cabecera municipal: 378 mil 413.05 pesos. Se contrató por 105 mil pesos, pero un convenio elevó el pago. No tenía permiso de descarga de la Conagua ni validación de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, y la comprobación del gasto no incluyó las estimaciones de obra.
Entre las tres suman 3 millones 123 mil 413.05 pesos.
Dieciocho obras fuera de las zonas prioritarias
La mayor parte del presunto daño proviene de 18 obras ubicadas, según el ORFIS, fuera de la Zona de Atención Prioritaria, en localidades con rezago social bajo o medio. El Ayuntamiento tampoco presentó soporte que justificara ese gasto conforme a los lineamientos de la fuente de financiamiento.
Once de esas obras se reportan terminadas y operando. En ellas, el ORFIS no cuestiona su existencia, sino que el gasto resultó improcedente conforme a las reglas del fondo con que se pagaron. Entre las 18 están también los dos caminos que nunca se iniciaron. En conjunto suman 45 millones 501 mil 945.89 pesos.
La de mayor monto es la pavimentación de la calle Lázaro Cárdenas, en su cuarta etapa, en Ahueyahualco, con 6 millones 575 mil 999.98 pesos. Le sigue la rehabilitación del camino Ricardo Flores Magón-Belisario Domínguez, con 6 millones 401 mil 261.66 pesos.
El crédito con Bansí
El informe también documenta el costo de un crédito que el Ayuntamiento no pagó a tiempo.
El 10 de agosto de 2022, el municipio contrató con Bansí un financiamiento a corto plazo por 7 millones 300 mil pesos, que debía liquidar en agosto de 2023. No lo hizo, y el incumplimiento derivó en una demanda mercantil.
El 25 de junio de 2025, el Ayuntamiento y el banco firmaron un convenio judicial que reconoció un saldo de 13 millones 900 mil pesos. Tras una quita de 2 millones 900 mil pesos, el saldo quedó en 11 millones. Ese año el municipio pagó 11 millones 204 mil 659.22 pesos.
El ORFIS observa 3 millones 348 mil 115.14 pesos en intereses moratorios y penalizaciones, que es lo pagado por encima del capital y los intereses ordinarios originales. El Ayuntamiento no presentó el reintegro de esa cantidad.
Doce contratos para dos personas
En una observación administrativa, sin daño patrimonial, el ORFIS señala que de los 50 contratos de obra y servicios del año, 12 se adjudicaron a solo dos personas físicas, “sin respetar los criterios normativos de imparcialidad y transparencia”. Además, cinco adjudicaciones directas superaron los montos permitidos sin que el Ayuntamiento presentara los dictámenes de excepción.
El contrato del biodigestor que no se construyó figura entre los asignados a una de esas dos personas, de acuerdo con la lista de contratos que el propio informe incluye en esa observación.
La auditoría revisó 27 de las 51 obras y servicios del municipio y el 72.37% del gasto de 2025. El ORFIS precisa que sus conclusiones se limitan a esa muestra y no liberan a los responsables de otras responsabilidades civiles, administrativas o penales.
