María González
XALAPA, Ver. — Dos diputados federales por Veracruz de la LXVI Legislatura –que inició funciones el 1 de septiembre de 2024– han muerto en circunstancias distintas: Benito Aguas Atlahua, en diciembre de 2024, y Zenyazen Roberto Escobar García, en septiembre de 2026.
Ambos casos ocurren desde el 1 de diciembre de 2024, fecha en que la morenista Rocío Nahle asumió el gobierno de Veracruz.
Benito Aguas Atlahua, el primer caso
Aguas Atlahua, diputado federal por el distrito 18 de Zongolica, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue atacado a balazos el 9 de diciembre de 2024 en la comunidad de Tepenacaxtla, municipio de Zongolica, mientras se transportaba en una camioneta. Recibió dos disparos —uno en la cabeza y otro en el tórax— y falleció horas después.
La entonces Fiscalía General del Estado confirmó el ataque mediante un boletín y anunció la apertura de una carpeta de investigación.
Antes de su muerte, Aguas Atlahua había solicitado protección personal ante el Instituto Nacional Electoral, al considerar que existían condiciones de inseguridad en la región.
Zenyazen Escobar García, el segundo caso
Escobar García, diputado federal por el distrito 16 de Córdoba, coordinador de los diputados federales de Morena por Veracruz e integrante también de la actual Legislatura federal, fue hallado sin vida el 4 de septiembre de 2026 en la localidad de Chichicaxtle, municipio de Puente Nacional.
La causa de muerte de Escobar García no ha sido confirmada oficialmente. El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, señaló que el vehículo del legislador no presentaba señales de mayor agresión externa y que junto a él se localizó un arma de fuego con un disparo percutido, aunque aclaró que esos datos correspondían a lo que se presumía en el lugar y no a un dictamen pericial concluido.
La fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, por su parte, se ha limitado a confirmar el deceso y a precisar que hay una sola víctima, sin pronunciarse sobre la causa de muerte.
El caso fue atraído por la Fiscalía General de la República, dado el cargo federal que ocupaba el legislador.
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