Redacción Sie7eDíasNoticias
ORIZABA, Ver. — El delegado del Colegio de Notarios del Estado en Orizaba, Alberto Galland Marqués, exigió al Gobierno de Veracruz presentar con claridad los expedientes y pruebas que sustenten los señalamientos hechos contra notarios por presuntas irregularidades en la operación de un supuesto “cártel inmobiliario”.
“Hablan de un cártel inmobiliario, pero en realidad, ¿qué pruebas tienen ustedes del cártel inmobiliario?”, cuestionó Galland Marqués, titular de la Notaría número 10 de esa ciudad.
El notario dijo desconocer los expedientes de los fedatarios señalados públicamente y consideró irresponsable emitir una opinión sobre sus actuaciones sin conocer la documentación que sustenta las acusaciones.
Reconoció que la autoridad estatal cuenta con facultades para investigar, supervisar y sancionar irregularidades, pero insistió en que cada caso debe analizarse de manera individual, con elementos jurídicos concretos.
La discusión surge después de que autoridades estatales señalaran públicamente a varios notarios, entre ellos tres de la región de Córdoba, por su presunta relación con el denominado “cártel inmobiliario”. Galland Marqués afirmó no conocer esos expedientes y, por ello, dijo no poder determinar si esos notarios actuaron de manera indebida.
“Yo no puedo hablar de si procedieron bien o procedieron mal. Ellos tendrán que defenderse, cada quien tendrá que hacerlo”, expresó.
Revisiones ya en marcha en la región de Orizaba
El delegado del Colegio de Notarios confirmó que las revisiones anunciadas por el Gobierno del Estado ya comenzaron en la región de Orizaba. Según su cuenta, entre siete y ocho notarías de la demarcación han sido inspeccionadas hasta el momento, entre ellas la que él encabeza y otra a cargo del notario Daniel Cordero.
Explicó que los inspectores de la Dirección de Notarías seleccionan de manera aleatoria los libros y legajos que consideran necesarios para verificar el trabajo de los fedatarios. En su caso, dijo, fueron revisados entre 15 y 20 libros de un acervo superior a 400 ejemplares.
“Vienen y le piden el libro que quieran y el legajo que quieran y revisan que todo esté en orden”, relató. Añadió que, hasta ahora, no le han comunicado observaciones derivadas de esas revisiones.
Galland Marqués consideró que estas inspecciones deben permitir a la autoridad detectar posibles anomalías y establecer con claridad si existen responsabilidades y quiénes serían los responsables.
Pide no generalizar responsabilidades
El notario advirtió que una eventual actuación irregular por parte de un fedatario puede afectar la percepción ciudadana sobre todo el gremio, pero rechazó que un caso particular sea motivo para descalificar a quienes, dijo, cumplen su función conforme a la ley.
“Desgraciadamente es lo que pasa. No por uno van a calificar a todos”, sostuvo.
También se refirió a declaraciones previas del secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, quien calificó la revisión de notarías como “destapar una cloaca”. “Yo quisiera saber exactamente a cuál cloaca se refiere”, respondió Galland Marqués.
El delegado explicó que, en su interpretación, una irregularidad relacionada con una escritura no necesariamente es atribuible de forma automática al notario que la formalizó, ya que en el origen de cada trámite pueden intervenir otras personas y autoridades.
Planteó que, cuando una escritura tiene como antecedente un procedimiento judicial, también debería revisarse el origen de ese proceso antes de fincar responsabilidades.
Galland Marqués dijo respetar las declaraciones de la gobernadora Rocío Nahle García y las atribuciones de las instituciones encargadas de supervisar a los notarios, y aclaró que su postura no significa defender a quienes eventualmente hayan incurrido en irregularidades.
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