Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver. — El Congreso de Veracruz aprobó una reforma a la Constitución local que modifica los requisitos para solicitar la revocación de mandato en Veracruz, mecanismo de participación ciudadana mediante el cual se puede pedir la conclusión anticipada del cargo de la persona titular del Poder Ejecutivo estatal.
Mientras Morena y sus aliados sostuvieron que los cambios brindan certeza jurídica al procedimiento, legisladores de oposición acusaron que la reforma representa un blindaje para la gobernadora Rocío Nahle García.
El dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular con 39 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, con lo que alcanzó la mayoría calificada requerida para reformar la Constitución estatal.
Tras la votación, la Mesa Directiva ordenó remitir el proyecto de decreto a los ayuntamientos del estado, como parte del procedimiento previsto para las reformas constitucionales.
Exigirán 10% de la lista nominal y respaldo en 107 municipios
La reforma establece que la ciudadanía deberá reunir el respaldo de al menos el 10 por ciento de la lista nominal electoral del estado, lo que, con base en el corte de enero de 2026, equivale a casi 750 mil firmas.
Además, los apoyos deberán recabarse en 107 de los 212 municipios de Veracruz y, en cada uno de ellos, representar al menos el 3 por ciento de la lista nominal municipal.
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La recolección de firmas deberá realizarse durante el mes previo a la conclusión del tercer año de gobierno. Para la administración de Rocío Nahle García, el periodo comprendería del 1 al 30 de noviembre de 2027.
La solicitud podrá presentarse ante la autoridad electoral durante los tres meses posteriores al tercer año de ejercicio constitucional. Una vez concluido ese plazo, el organismo electoral contará con 30 días naturales para verificar el cumplimiento de los requisitos.
El Congreso también deberá expedir la legislación secundaria en materia de revocación de mandato en un plazo máximo de 180 días naturales.
Oficialismo defiende la reforma
Durante la discusión, diputados de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México señalaron que la modificación busca armonizar la Constitución local y otorgar certeza al procedimiento.
El diputado Ramón Díaz Ávila, del PT, afirmó que la reforma precisa los tiempos para reunir apoyos, el porcentaje mínimo requerido y la distribución territorial de las firmas.
Por su parte, la diputada Tania María Cruz Mejía, del PVEM, sostuvo que los cambios buscan perfeccionar el mecanismo y evitar vacíos legales, además de garantizar que el respaldo ciudadano provenga de distintas regiones del estado.
En tanto, el diputado de Morena Luis Vicente Aguilar Castillo rechazó que los nuevos requisitos constituyan una restricción a la participación ciudadana y aseguró que permitirán que la revocación de mandato surja de una organización social con representación territorial.
Oposición acusa restricciones al mecanismo
Legisladores de Movimiento Ciudadano, PAN y PRI votaron en contra al considerar que la reforma dificulta la activación de la revocación de mandato.
La diputada Elena Córdova Molina, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que los cambios elevan los requisitos y reducen los tiempos para reunir el respaldo ciudadano.
Por el PAN, Indira de Jesús Rosales San Román cuestionó que, si el oficialismo asegura que la gobernadora mantiene altos niveles de aprobación, impulse requisitos adicionales para activar el mecanismo. También señaló que reunir alrededor de 750 mil firmas en un solo mes representa una exigencia difícil de cumplir.
El diputado priista Héctor Yunes Landa afirmó que la reforma endurece las condiciones respecto de las previstas para la revocación de mandato de la Presidencia de la República, al exigir en Veracruz el respaldo del 10 por ciento de la lista nominal estatal, frente al 3 por ciento establecido en la Constitución federal.
La diputada Montserrat Ortega Ruiz razonó su abstención al señalar que, si bien respalda la figura de la revocación de mandato, considera que los requisitos aprobados podrían volver inaccesible este mecanismo de participación ciudadana.
