Juan José Llanes Gil
De acuerdo con las imágenes que circularon profusamente, en donde se muestran los contratos que se pretende que firmen los docentes de la UPAV, lo que de tales instrumentos se desprende es que se obligará a quienes son trabajadores a vincularse con esa institución, no a través de un contrato de trabajo (que se rige por las normas laborales), sino a través de uno de “prestación de servicios profesionales”, de naturaleza civil, incluso renunciando expresamente a la tutela de las normas en materia de trabajo.
Por lo tanto, el que la titular del Poder Ejecutivo use la palabra “trabajo” y se finque el compromiso de corregir la “precariedad laboral”, pretendiendo que los trabajadores de la UPAV acepten que no lo son, con la advertencia de que, si no firman dicho contrato, se irán y encontrará el gobierno a otros catedráticos, es el equivalente exacto a decirle a una persona que uno está dispuesto a darle formalidad a un vínculo de pareja, pero sin casarse con ella, sin firmar un acta de matrimonio, sin ir al Registro Civil… ni a la Iglesia, vaya.
Reitero lo que dije ayer: es una tomadura de pelo, una farsa, una simulación, que delata que la preocupación toral alrededor de la UPAV nunca fueron los maestros ni los demás trabajadores, a los que se pretende dejar exactamente igual. La preocupación siempre fue el tema financiero, el dinero, cosa que se sabía desde el principio.
En materia de trabajo, los tratados internacionales de la materia, particularmente los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), disponen la obligación de los Estados suscriptores (México, entre ellos) de observar el “Principio de Primacía de la Realidad”, concepto fundamental del Derecho Laboral que establece que, en caso de discrepancia entre los hechos ocurridos en la práctica y los documentos o acuerdos formales, se debe dar preferencia a lo que sucede en la realidad para proteger al trabajador ante contratos simulados.
Con ello se antepone la “veracidad sobre las formas”; esto es, si una persona firma un contrato de honorarios, pero cumple un horario, recibe órdenes y tiene un lugar de trabajo fijo, la ley reconoce una relación laboral real.
Lo que se puede vaticinar es que, en la exacta comprensión de que las normas en materia de trabajo son irrenunciables, quienes presten un servicio personal subordinado a la UPAV tendrán que ser reconocidos como trabajadores, con independencia de que hayan firmado un “contrato civil”.
Así pues, lo que en realidad está haciendo el gobierno es sustituir la ominosa y aberrante figura de “asesor solidario” por otra a la que decide darle el cariz de “legal”: “prestador de servicios profesionales”, que no “trabajador”.
Los antecedentes que hay sobre estos temas se formaron a partir de discrepancias laborales que surgieron entre instituciones de educación privadas y sus maestros, a los que se les hacía firmar contratos de naturaleza civil para evadir las relaciones laborales.
Fueron precisamente instituciones educativas privadas, esas que el régimen tanto critica, las que —hace tiempo ya— vieron frustrados sus intentos de evadir responsabilidades laborales.
Ahora vemos al gobierno de la 4T pretendiendo repetir una fórmula fallida, que ensayaron en su momento voraces empresarios de la educación.
Yo no sé quién asesora en la materia a la gobernadora. Lo que sí puedo decir es que se trata de un gobierno de “izquierda” que intenta reproducir los modelos fallidos de la derecha.
Los artículos de opinión, escritos por Juan José Llanes Gil, ofrecen una mirada crítica y analítica de los temas que marcan la agenda pública, desde una perspectiva legal. Abogado laborista con amplia trayectoria, Llanes Gil explica con claridad el trasfondo jurídico de los acontecimientos actuales, desmonta discursos oficiales y pone sobre la mesa lo que muchas veces se omite: el papel del derecho en la vida cotidiana. Su enfoque combina rigor, contexto histórico y compromiso social.
