En Veracruz la lupa funciona, aunque no siempre enfoca igual. Se exige a colectivos de familiares de personas desaparecidas comprobar cada peso. Cada gasto. Cada comprobante. Porque “todo se puede”, dice la morenista Rocío Nahle. Porque son recursos públicos.
Y sí, lo son.
Pero también son recursos públicos los que están bajo observación cuando la Auditoría Superior de la Federación señala probable daño patrimonial millonario en administraciones municipales pasadas.
Ahí están los casos del secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, exalcalde de Xalapa; o del subsecretario de Administración y Finanzas de la Sefiplan, Eric Domínguez Vázquez, exalcalde de Papantla, quienes arrastran señalamientos de la ASF por probable daño patrimonial cuando estuvieron al frente de ayuntamientos.
No hablamos de pesitos. Hablamos de pesotes. Pero ahí la lupa cambia de intensidad.
Nada de rendir cuentas se les exige en público. En privado, quién sabe.
La rendición de cuentas es obligatoria. Para todos. La pregunta es si la vara mide igual cuando se trata de madres que buscan a sus hijos bajo el sol, entre predios, con el tiempo jugando en contra.
A veces gobernar también implica empatía, sobre todo con el pueblo bueno y sabio.
