La razón que dio la Dirección de Obras Públicas para negar esos datos: que darlos a conocer pone en riesgo la seguridad pública.
Representantes de los distintos grupos parlamentarios pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) que, de acreditarse el homicidio, se ejerza acción penal contra los responsables.
La protesta ocurre después de que, a finales de agosto, trabajadores de distintas áreas del CAE reportaron desabasto de medicamentos y material de curación.
La gobernadora no informó cuántos planteles han sido identificados hasta ahora, ni proporcionó una lista de las escuelas señaladas.
“La muerte de nuestros compañeros no quedará impune. Las investigaciones y las acciones operativas continúan para encontrar a todos los responsables”, afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
