Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver. El derrame de hidrocarburos en el Golfo de México alcanzó una extensión de aproximadamente 50 kilómetros cuadrados —equivalente a más de mil veces la plancha del Zócalo de la Ciudad de México— sin que existiera información pública oportuna sobre su magnitud ni sus riesgos.
De acuerdo con un análisis de imágenes satelitales presentado por organizaciones ambientales, el vertido habría comenzado entre el 6 y el 10 de febrero en una zona cercana a la plataforma Abkatún, frente a las costas de Campeche. A partir del 11 de febrero, la descarga se intensificó, incrementando significativamente el volumen del derrame.
Para el 14 de febrero, la mancha ya alcanzaba los 50 km², mientras que al menos cinco embarcaciones realizaban labores de contención que, según el análisis, resultaron insuficientes ante la magnitud del incidente.
Las imágenes también muestran que desde fechas tempranas existían acciones de respuesta en la zona, lo que indicaría que las autoridades tenían conocimiento del derrame desde sus primeras etapas. Sin embargo, no se emitió información pública inmediata, pese a que el Plan Nacional de Contingencia establece la obligación de notificar y alertar oportunamente a la población.
El derrame permaneció activo al menos hasta el 17 de febrero y posteriormente se dispersó por efecto de corrientes marinas y condiciones meteorológicas, alcanzando de forma gradual las costas de Tabasco y Veracruz en las semanas siguientes.
El análisis apunta como origen probable a una embarcación que permaneció en la zona cercana a la plataforma Abkatún, donde habría iniciado el vertido de hidrocarburos en cantidades inicialmente pequeñas antes de intensificarse.
Las organizaciones firmantes señalaron que el manejo del incidente incumplió disposiciones clave del Plan Nacional de Contingencia, particularmente en lo relacionado con la notificación inmediata, la evaluación técnica del impacto y la transparencia en la información.
Además, denunciaron que, a más de un mes del inicio del derrame, no se ha identificado públicamente a la empresa responsable ni se han dado a conocer medidas de compensación por los daños ambientales y sociales.
En este contexto, exigieron a autoridades como la Secretaría de Marina, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente explicar las acciones implementadas, los tiempos de respuesta y las razones por las que no se alertó oportunamente a las comunidades costeras.
