Por Fanny Yépez
A seis meses de que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) de Veracruz enviara a 174 exalcaldes las primeras observaciones de la cuenta pública 2023, el balance es revelador: solo 34 ayuntamientos han logrado solventar completamente los señalamientos por presunto daño patrimonial.
En paralelo, la Auditoría Superior de la Federación reporta que, a la fecha, la mayoría de sus observaciones correspondientes a la cuenta pública 2024 continúan en proceso de solventación. Es decir, siguen sin aclararse.
El ORFIS advierte que cerca del 40% de los 212 municipios de Veracruz mantiene observaciones pendientes en las cuentas públicas de 2022, 2023 y 2024. No es un rezago menor: se trata de un patrón.
Actualmente, el órgano fiscalizador tiene abiertos 158 procesos de investigación relacionados con la Cuenta Pública 2024, que involucran a 116 entes municipales.
El pasado 6 de marzo, el organismo publicó su Informe de Seguimiento, donde detalla el estado de las observaciones y acciones promovidas entre 2017 y 2024. El documento confirma lo que ya se intuía: la fiscalización avanza, pero la rendición de cuentas no necesariamente al mismo ritmo.
A esto se suman al menos 64 alcaldes entrantes (periodo 2026-2029) que han presentado quejas o denuncias ante el ORFIS por irregularidades heredadas. La escena se repite: administraciones que señalan a sus antecesoras, expedientes incompletos y cuentas que no cuadran.
Hay, además, un factor que corre silencioso: el tiempo. Las observaciones relacionadas con obras del gobierno estatal anterior podrían prescribir en siete años si los procesos sancionatorios no se concluyen. Y en materia de fiscalización, el tiempo suele jugar a favor de la opacidad.
La ASF, por su parte, identificó irregularidades por más de 59 mil millones de pesos en municipios y alcaldías durante el último año del gobierno federal anterior. Más del 85% de las auditorías derivaron en observaciones. Un dato que, más que excepcional, empieza a parecer estructural.
Las auditorías más recientes, realizadas entre finales de 2025 y principios de 2026, generaron nuevos pliegos de observaciones que los exalcaldes aún deben justificar. El número final de solventaciones, por tanto, sigue en construcción.
Los ejemplos son ilustrativos:
En Veracruz, se detectó un “top 10” de exalcaldes con presunto daño patrimonial millonario.
En Xalapa, el exalcalde enfrenta observaciones por 198 millones de pesos, aunque ha señalado que se trata de un proceso normal de solventación.
En este contexto, los funcionarios actuales cuentan con plazos para subsanar observaciones. Y sí, es común que los montos se reduzcan conforme se presenta documentación. Pero hoy, muchos expedientes siguen abiertos, bajo investigación o en espera de validación por parte de la ASF.
No existe, por ahora, una cifra definitiva sobre cuántos exalcaldes han logrado solventar completamente sus observaciones. El proceso sigue en marcha y los casos de mayor impacto permanecen en fase de justificación o investigación.
Lo que sí es claro es el tamaño del problema. Más del 85% de las auditorías a municipios derivaron en observaciones por uso indebido de recursos federales, lo que representa un incremento superior al 147% respecto al año anterior.
El monto por aclarar es igualmente revelador: más de 65 mil millones de pesos en gasto federalizado, en su mayoría provenientes de aportaciones destinadas a estados y municipios.
La ASF también ha señalado fallas recurrentes: mala integración de expedientes, deficiencias documentales y procesos de contratación irregulares. No son errores aislados; son prácticas repetidas.
El Informe de la Cuenta Pública 2024 incluyó más de 2,200 auditorías. Veracruz, Chiapas y el Estado de México concentran buena parte de las observaciones.
Detrás de estas cifras hay causas conocidas:
En la entrega-recepción, las nuevas administraciones encuentran inventarios incompletos, obras pagadas pero no ejecutadas y expedientes sin respaldo documental.
En otros casos, hay presunto daño patrimonial por recursos cuyo destino no logra justificarse.
También pesa el factor político: no son pocos los casos en los que las observaciones recaen en administraciones de oposición, lo que abre la sospecha de una fiscalización con sesgos.
Y, en muchos municipios pequeños, el problema no siempre es corrupción, sino incapacidad técnica: falta de personal capacitado para cumplir con los requisitos contables y administrativos que exige la ley.
Entre la omisión, la incapacidad y, en algunos casos, la intención, lo cierto es que la rendición de cuentas municipal sigue siendo una asignatura pendiente. Y el reloj —ese sí— no se detiene.
La Columna, escrita por Fanny Yépez Luna, es un espacio de opinión con mirada aguda y conciencia social. Desde un enfoque directo y ético, desmenuza la agenda pública con atención especial a la desigualdad, el abuso de poder y las fracturas institucionales. Su voz es firme, crítica y comprometida con los derechos humanos, siempre del lado de quienes suelen ser ignorados en el discurso oficial.
