Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver. La conferencia no fue para matices ni tecnicismos: fue para marcar territorio. Desde el inicio, el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, optó por un tono frontal, salpicado de frases envalentonadas, para hablar del llamado cártel inmobiliario, de los meritorios del Registro Público de la Propiedad y de las notarías, un entramado de prácticas añejas que —según dijo— “aquí se toparon con nosotros”.
Entre respuestas largas y desvíos inevitables, el discurso fue tomando forma conforme Ahued regresaba una y otra vez al mismo punto: el despojo patrimonial. No como un hecho aislado, sino como una red que, a decir del funcionario, operó durante años al amparo de vacíos administrativos, inercias heredadas y una estructura institucional que permitió que el abuso se normalizara.
“El miedo no anda en burro”, lanzó en más de una ocasión, como advertencia dirigida a quienes —afirmó— ya “le han bajado dos rayitas”.
El cártel inmobiliario fue el eje que terminó ordenando la conferencia. Ahued lo describió como una red en la que confluyeron abogados externos, algunos funcionarios, algunas notarías y algunos jueces, sin generalizar, pero sin matizar demasiado.
La insistencia fue clara: el mensaje del gobierno era que esas prácticas, normalizadas durante años, habían encontrado por primera vez un freno desde el poder estatal.
Sin embargo, mientras el tono subía, el mecanismo real del fraude aparecía fragmentado. Entre frases de advertencia y llamados a la acción, el “cómo” operó el despojo se diluía entre referencias al Registro Público, a contratos privados, a desalojos y a trámites que, durante años, se resolvieron más por relaciones que por procedimientos.
La crónica del discurso dejaba ver una voluntad política firme, pero también la dificultad de traducir un problema técnico y estructural en un mensaje comprensible para quienes hoy buscan recuperar su patrimonio.
Desdice a la gobernadora Rocío Nahle
Ahí apareció el segundo gran bloque de la conferencia: el Registro Público de la Propiedad. Ahued explicó que 186 meritorios trabajan en oficinas registrales de todo el estado sin certeza laboral ni nómina formal desde hace años.
El martes 3 de febrero, la gobernadora Rocío Nahle aseguró que desconocía que en el Registro Público de la Propiedad en Xalapa operan personas sin contrato, conocidas como meritorios. La morenista calificó como grave esta práctica y advirtió que será eliminada.
Pero en la conferencia de prensa, Ahued admitió: “Si nosotros los quitamos, se para el Registro Público”, dejando ver el tamaño del problema. Son trabajadores que sostienen la operación diaria de una institución clave, pero que lo hacen bajo esquemas irregulares, financiados por recursos que pagan los propios usuarios.
A ese entramado se suman 58 notarías que hoy son administradas por el propio Registro Público, tras cierres, fallecimientos o retiros de titulares. El Estado, en los hechos, funge como notario en decenas de casos, con una carga operativa que exhibe los vacíos del sistema. Contratos privados, libros físicos manipulables y prácticas heredadas de más de 30 años aparecieron como parte del contexto que permitió que el despojo patrimonial encontrara terreno fértil.
La solución, según Ahued, pasa por el orden administrativo. Contratar formalmente a los meritorios, darles certeza laboral, controlar el flujo de recursos y modernizar el Registro Público con procesos digitales que eliminen la manipulación de libros.
“La fiesta, como dice la gobernadora, se acabó”, sentenció, en una de las frases que más se repitieron durante la conferencia, como síntesis del mensaje político.
La modernización fue presentada como la promesa de ruptura con el pasado: digitalización, acceso electrónico a la información y un sistema que ya no dependa de favores ni intermediarios. La idea de fondo fue clara: cerrar los espacios donde se gestaron los abusos. Aunque el anuncio fue ambicioso, el desafío también lo es, considerando que el propio secretario reconoció que se trata de prácticas profundamente arraigadas.
Para sostener el discurso, Ahued recurrió a ejemplos concretos. La Casa de las Ánimas, dijo, ya fue entregada a sus legítimos propietarios, luego de que el gobierno actuara y la red de contubernio quedara expuesta.
Lo mismo ocurrió con la referencia a las 500 hectáreas de patrimonio público que —aseguró— se pretendían arrebatar al propio gobierno. “Se van a quedar con las ganas”, advirtió, prometiendo que ese episodio tendrá un desenlace favorable.
En medio de señalamientos públicos, el secretario también marcó límites. Defendió a funcionarios y jueces que han sido mencionados en denuncias mediáticas y llamó a no generalizar ni linchar.
La línea fue clara: investigar, sí; difamar, no. Reiteró el respeto a la división de poderes y aseguró que cualquier irregularidad comprobada será sancionada, incluso si ocurrió en el pasado.
La conferencia avanzó así, entre advertencias y explicaciones parciales, entre promesas de orden y el reconocimiento implícito de un sistema que permitió el abuso durante años. Cuando terminó, el mensaje quedó flotando: el cártel inmobiliario no es un episodio cerrado.
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